El gobierno federal llevará a cabo durante los primeros cien días de la presente administración dos tipos de estrategias en materia de seguridad: operativas y administrativas. Las primeras para disminuir la incidencia delictiva en los diez municipios con mayor número de homicidios; recuperar la seguridad en Chiapas; erradicar la extorsión de los productores del limón en Michoacán; y, combatir el robo a transportistas en carreteras. Las estrategias administrativas están orientadas a mejorar la coordinación entre miembros del gabinete; fortalecer al Secretariado Ejecutivo del SNSP y las capacidades de inteligencia e investigación de las policías; y establecer diez fuerzas de tareas conformadas por las instituciones de seguridad.
Unas y otras son acciones estratégicas precisas e inmediatas que persiguen un objetivo principal: sentar las bases para la pacificación del país y, al mismo tiempo, los cimientos para construir lo que considero debe de ser el Segundo Piso de la Estrategia: la seguridad ciudadana, partiendo del principio que la producción sostenida de seguridad y la recuperación de la paz social en nuestro país es una corresponsabilidad Estado/Sociedad.
Combatir al crimen organizado, perseguir a los generadores de violencia, investigar el lavado de dinero, entre otros, son responsabilidades ineludibles del Estado en el ámbito de la seguridad pública y la política criminal. La prevención social de las violencias y la delincuencia y la reconstrucción del tejido social es una responsabilidad de todas y todos en nuestro ámbito de competencia. No podemos reducir el problema de la seguridad a un tema de seguridad pública solo en manos del Estado sin considerar el complemento que representa la seguridad ciudadana y la participación social, como las dos caras de una misma moneda; la cultura de la denuncia, por ejemplo, es un insumo para los análisis de inteligencia.
La experiencia italiana en el combate a la mafia siciliana en la década de los años 90's del siglo pasado, muestra el impacto que puede llegar a tener la sociedad en la coproducción de seguridad. Leoluca Orlando sintetiza el Modelo Palermo en la metáfora de la "carreta de dos ruedas": una rueda formada por la legalidad (Estado); la otra representa la promoción de la cultura, con el apoyo de colectivos de la sociedad civil, representantes religiosos, medios de comunicación, empresarios e instituciones educativas. Legalidad y cultura forman la Cultura de la Legalidad como una estrategia preventiva cuyos resultados se asimilan en el tejido social, se pueden sostener en el mediano y largo plazo y nos permite entender la relevancia de aprender a convivir con civilidad y dentro del marco legal como condiciones que favorecen la paz social.
En nuestro país existen numerosas experiencias de éxito que demuestran la importancia de la participación ciudadana: la comunidad indígena de Cherán, en su lucha contra los talamontes y los casos de Tancítaro y La Unión (Michoacán), contra la extorsión de los Caballeros Templarios; la alianza de autoridades municipales de Tampico, Madero y Altamira (Tamaulipas) y el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, contra el crimen organizado; las redes comunitarias en Ciudad Nezahualcóyotl (Edo. Mex.) contra el cartel de Ma Baker; y, la labor del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para colaborar con las autoridades en disminuir los altos índices que tenían los delitos de alto impacto en la capital del país, entre muchas otras.
Otro ejemplo de la participación ciudadana para la construcción del Segundo Piso de la Estrategia, son las propuestas del documento “Compromisos por la Paz”, resultado de los Diálogos por la Paz, impulsados por la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde participaron al menos mil 600 instituciones, cerca de 20 mil personas y más de 50 expertos. Una de sus conclusiones más importantes fue que la única manera de recuperar la paz social es estando unidos, es decir, uniendo fuerzas todas y todos los mexicanos.
Finalmente, no olvidemos que la inseguridad es una hiedra de mil cabezas cuya complejidad requiere estrategias diferenciadas, es decir, un abordaje que considere las particularidades locales que tiene el fenómeno criminal, diagnósticos de seguridad y la implementación de buenas prácticas basadas en evidencia y evaluaciones de proceso y de impacto que favorezcan el diseño de políticas de seguridad de abajo hacia arriba como complemento a la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Miembro de Número de la Academia Mexicana de Criminología
