Lo dijo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta semana: México retrocede en materia ambiental. No se recuerda en los últimos 25 años, una Administración Federal como la que encabeza el presidente AMLO que le importara tan poco o nada los temas que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos naturales. Los ejemplos que se presentan a continuación son una muestra de cómo estos asuntos simple y sencillamente están en los últimos niveles de las prioridades y no se vislumbra que se vaya a dar un cambio en lo que resta de este periodo presidencial.
Aunque no se trata directamente de la administración actual, si tiene relación con el gobierno en turno: empecemos nombrando a uno de los grandes ausentes en la discusión y el debate ambiental en este 2019. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se auto-ausentó/censuró por completo de la escena y no se ha pronunciado en lo absoluto sobre los enormes retos ambientales por los que estamos pasando. ¿Por qué? ¿Les va a seguir dando igual lo ambiental y seguirán privilegiando sus intereses económicos que es lo que siempre les ha importado?
En septiembre del 2018, nuestro país suscribió el Acuerdo de Escazú, que es un Acuerdo Regional sobre acceso a la justicia, acceso a la información, el involucramiento de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales y el cuidado de los defensores ambientales. A más de un año de eso, y de manera aún inexplicable, el Ejecutivo no ha enviado al Senado este acuerdo para su aprobación. ¿Por qué?
Los proyectos de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y el del aeropuerto en Santa Lucía , son ejemplos de que hay prisa por hacer las cosas y eso ha provocado que se brinquen o minimicen procedimientos legales con los que estos proyectos deben de cumplir a cabalidad, como fue el caso de las muy deficientes y a modo evaluaciones del impacto ambiental que se llevaron a cabo para la mencionada refinería y el aeropuerto ¿Y la legalidad y el Estado de Derecho al que se había comprometido el presidente AMLO? Iniciaron a limpiar en septiembre del 2018 el predio donde pretenden construir la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental ni la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Esto denota un muy alto desprecio por la ley y por la naturaleza. ¿Nuevamente cabe preguntarse, y la legalidad y el Estado de derecho?
Hay una política de la Secretaría de Energía (Sener) para privilegiar y promover no sólo las refinerías sino también las carboeléctricas, con las implicaciones ambientales que ello conlleva en lugar de apostarle más bien a la transición energética usando cada vez más energía renovable y cada vez menos los combustibles fósiles. Esto, tiene serias implicaciones para nuestro país en materia de cambio climático ya que tenemos compromisos nacionales e internacionales de reducción de gases de efecto invernadero que no vamos a cumplir.
En el caso de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), trae un grave problema con su presupuesto que ha bajado solo para este año en 32% y se estima que para el 2020 la reducción será cercana al 7%; fue la Secretaria a la que más recorte le impusieron en este 2019. La reducción del presupuesto de Semarnat es continua: entre 2016 y 2018, la reducción fue de casi 50 por ciento y en 2019 se redujo otro 32 % respecto a 2018. ¿Con esa pobreza presupuestal como siquiera intentar cuidar, proteger, conservar nuestro capital natural?
La administración actual, no está respetando de manera efectiva el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, sobre todo en caso de megaproyectos de desarrollo. Han sido consultas a modo, burlando la ley y burlándose de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Primero los pobres?
A casi un año de la actual administración, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos ambientales se ha incrementado de forma alarmante. Un ejemplo es el asesinato de Samir Flores Soberanos, indígena náhuatl originario de Amilcingo quien participaba en la oposición al proyecto de la termoeléctrica en Morelos, sumándose a las ahora ya 11 personas defensoras de derechos humanos ambientales asesinados desde la toma de posesión del actual Gobierno, el primero de diciembre del 2018.
Entre el poco margen de maniobra que el presidente está dando al secretario de Medio Ambiente, se puede vislumbrar el trabajo que se realiza en materia de calidad del aire. Al parecer, hay avances en cuanto a la actualización de normas relacionadas con los estándares máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera, que llevaban años de rezago y que se mantenían frenadas porque enfrentaban los poderosos intereses de la industria automotriz. Tendremos que ver si efectivamente la Semarnat logra hacer prevalecer la visión ambiental y de salud por encima de los intereses económicos.
De igual forma, es positiva la prohibición que esta semana anunció la Semarnat respecto a la importación de mil toneladas de glifosato bajo el principio precautorio de prevención de riesgos. Al respecto, será también cuestión de esperar para ver si el secretario Víctor Toledo logra su objetivo de promover una política pública agroecológica por encima del modelo agroindustrial que ha prevalecido por décadas.
Finalmente, esta semana el presidente insistió en su conferencia mañanera que no se autorizará el fracking en el país. Sin embargo, las señales y la evidencia hasta el momento, que incluyen presupuesto asignado para el tema, no parecen alentadoras.
¿Ante este panorama desolador y altamente preocupante en materia ambiental, qué cuentas dará el país sobre sus avances en los compromisos de mitigación de Gases Efecto Invernadero en la Conferencia de las Partes en Madrid la semana que viene? ¿Quién tomará en México el liderazgo para lograr que lo ambiental sea una prioridad? ¿Habrá alguien que explique al presidente por qué no se puede seguir minimizando la protección al medio ambiente?
Director Ejecutivo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
