El pasado 20 de noviembre, se dio a conocer públicamente una carta enviada al gobierno de México por parte de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se señalan una serie de presuntas violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya. Asimismo, plantean cuestionamientos específicos al Estado mexicano respecto del tema.
En la misiva, los relatores señalan que “Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos mencionados en los apartados anteriores, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua.”
Al respecto, International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil , el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos hicieron esta semana un atento llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que acate las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y, sobre todo, acate las recomendaciones y cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados. Lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras de construcción del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, en el marco del Convenio 169 de la OIT, cumpla con todas las garantías de derechos humanos antes de proseguir con la construcción.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno mexicano, particularmente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovente del proyecto Tren Maya, ha sido opaco en dar a conocer de forma completa los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. Asimismo, se ha denunciado que se han violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado.
Al día de hoy, no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo de la obra y únicamente se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental, correspondiente al primer tramo. El gobierno ha optado por fragmentar el proyecto, lo que impide conocer los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrá la obra, y de qué forma se verán afectados en su totalidad los ecosistemas, la biodiversidad, el territorio y la forma de vida de las comunidades de la región.
Entre los problemas ambientales asociados con el proyecto que las organizaciones han denunciado destacan: a) la Fragmentación y modificación del hábitat de diversas especies, especialmente de los murciélagos, el jaguar, las especies endémicas y las aves migratorias debido, entre otras cosas, al ruido y las vibraciones; b) la disminución de la cobertura forestal y de las funciones ecosistémicas necesarias para garantizar la continuidad de los procesos ecológicos; c) los impactos significativos y potencialmente irreparables en las Áreas Naturales Protegidas, por la pérdida de conectividad y la interrupción de corredores biológicos, y d) alteraciones de los microclimas; entre otras. Durante el proceso de construcción, se estiman también impactos en el suelo kárstico y los cenotes, contaminación de las aguas subterráneas e incremento en la generación de residuos sólidos y peligrosos.
En lo que respecta a la carta enviada por los relatores se señala, por un lado, que, durante el proceso de consulta indígena, –el cual fue acompañado en calidad de observador por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- “habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto.” De igual forma, señalan haber recibido denuncias “sobre actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, mayor tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto”, así como criminalización, difamación y descalificación en contra de personas defensoras de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal.”
Por otro lado, los relatores manifiestan la preocupación por la “posible militarización”, dado que –según anunció el presidente de la República- los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo a Escárcega, Campeche, serán construidos por la Secretaría de Defensa Nacional. “El riesgo de militarización levanta preocupación en cuanto, como ha observado la anterior Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas tras su visita a México en 2017, el uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a derechos humanos”, apuntan.
Los relatores de la ONU concluyen con solicitudes específicas de información al gobierno mexicano, respecto de: a) Las medidas previstas para desarrollar los necesarios estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos; b) Las acciones previstas para continuar con las consultas a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las observaciones sobre los estándares internacionales sobre la consulta; c) Las medidas para observar los derechos de los pueblos indígenas con relación a los procesos de adquisición de tierras para la instalación del Proyecto Tren Maya; d) La explicación sobre la decisión de emplear las fuerzas armadas en territorio indígena para la construcción de infraestructura civil; así como, e) Las garantías para eliminar las agresiones en contra de las personas que cuestionan o se oponen al proyecto, entre otras. ¿Responderá el gobierno de México a los Relatores de la ONU? ¿De ser el caso, que responderá el gobierno de México?
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) en exclusiva para el periódico El Universal.
