Al igual que el Planeta, México se encuentra en un momento crítico frente a los desafíos ambientales que definirán el presente y futuro que dejaremos a las próximas generaciones. La emergencia climática requiere tomar acciones urgentes e inmediatas para frenar el calentamiento global , contribuir al bienestar de las personas y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. En ese sentido, nuestro país necesita combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Para poder lograr lo anterior, la iniciativa ciudadana “Combustibles Prohibidos” ha propuesto impulsar, con el apoyo de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de TRANSICIÓN ENERGÉTICA que sea JUSTA E INCLUYENTE. En esta ruta, es claro que los combustibles fósiles deben quedar fuera del futuro energético de México, empezando por el carbón y el combustóleo, que en el corto plazo deben considerarse combustibles prohibidos por ser altamente contaminantes del aire, del agua, suelo y océanos, afectar gravemente la salud de las personas y generar emisiones que contribuyen a agravar la crisis climática planetaria.
La ruta de transición energética que se propone incluye:
1. Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo , para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón.
2. Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género , que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón.
3. Construir un sistema energético incluyente . Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético.
4. Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables , descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales.
5. Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos.
6. Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática.
7. Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales.
8. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Para que todo esto ocurra, habrá de construirse colectivamente una política energética transparente, justa, incluyente, que garantice la protección de los derechos humanos y que sea sustentable, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país y en beneficio de todas y todos sus habitantes. ¿Habrá la disposición de todos los actores para hacerlo?
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
