En días pasados, las organizaciones Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Colima 2030, Conexiones Climáticas A.C., Greenpeace México y la Iniciativa Climática de México (ICM), hicieron del conocimiento público su posicionamiento con respecto a la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente AMLO.
Dentro de lo expuesto por dichas organizaciones de la sociedad civil, se establece que se afectará el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación. Igualmente, el hecho de que se alejará al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales en un contexto donde la política climática del país ya ha sido catalogada como altamente insuficiente por parte del “Climate Action Tracker”. Si se aprueba esta reforma, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables, México se convertirá en el primer país del G20 que en los hechos incumplirá con las metas presentadas ante el Acuerdo de París.
La iniciativa, entre otros aspectos, contempla la modificación en el despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las plantas de la CFE que utilizan combustibles fósiles dañinos como el carbón y el combustóleo, convirtiendo a la CFE en juez y parte en el orden del despacho de la energía. Conforme a las propuestas previas de la actual Administración Federal sobre confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, y de manera incomprensible, las energías renovables no son consideradas como prioritarias en el despacho, pese a que su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero, a que existen soluciones técnicas para su variabilidad y a que pueden ser generadas en el mismo sitio de consumo y por las mismas personas que la requieren, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética en algunos pueblos y comunidades.
Por lo tanto, priorizar la generación de electricidad de las plantas de CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos. Las afectaciones a la salud de las personas, contaminación de las fuentes de agua, empeoramiento de la calidad de aire en diversas zonas del país, son solo algunos de los efectos directos de la iniciativa de reforma eléctrica.
Quemar carbón y combustóleo implica emitir gases y compuestos tóxicos como el dióxido de azufre, material particulado, óxidos de nitrógeno, mercurio, plomo, entre otros que dañan la salud de las personas y contribuyen al alza en enfermedades respiratorias y al incremento en muertes prematuras por la mala calidad del aire. Tomando en cuenta lo anterior, la iniciativa de reforma eléctrica es un retroceso, una regresión en nuestras acciones dirigidas a cumplir con las metas climáticas y de transición energética.
Así las cosas, desde la sociedad civil se demanda que cualquier intento de reforma eléctrica debe de responder a los retos mundiales y nacionales actuales, que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables. Cualquier reforma eléctrica debería plantear una transición energética inmediata, justa, incluyente, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que contribuya de manera responsable a enfrentar la crisis climática global y que busque garantizar el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas y que asegure el cuidado y la preservación del medio ambiente. Si en verdad nos importa el bienestar de las personas, el combustóleo y el carbón no pueden ser parte de nuestro futuro energético.
