México tiene no sólo el potencial sino la oportunidad de reducir sus emisiones de metano —al menos las provenientes del sector energético—, considerando que hay tecnología, instrumentos jurídicos y regulatorios para ello. Así por ejemplo, se considera que la aplicación y el cumplimiento efectivo de las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (publicadas el 6/11/2018 en el Diario Oficial de la Federación), ayudarían a cumplir significativamente con las metas de reducción.
Este instrumento arrojará datos precisos sobre emisiones de metano por instalación y permitirá contar con un mecanismo para la mejora continua de éstas, toda vez que las empresas del sector estarán obligadas a presentar un Programa para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (PPCIEM), el cual deben entregar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente (ASEA).
No obstante este potencial, existen varias limitantes. La primera de ellas alude a la forma como estamos midiendo las emisiones de metano del sector hidrocarburos. Estudios diversos, realizados por organizaciones como Cartocrítica y el Environmental Defense Fund (EDF), han encontrado que las emisiones de metano muchas veces son sólo estimaciones, mas no datos fehacientes, reales y, por tanto, suelen subestimarse y, en algunos casos, se sobreestiman.
Otra limitante tiene que ver con la falta de aplicación en tiempo y forma de las regulaciones existentes. Basta señalar la modificación que se hizo al calendario de las Disposiciones Administrativas retrasando su cumplimiento. Recordemos que, en junio del 2020, se acordó ampliar de 3 a 19 meses el plazo para la entrega de los PPCIEM a la autoridad.
Una tercera limitante es que el foco del sector se encuentra principalmente puesto en el sector hidrocarburos, lo cual se explica considerando que éste es la primera fuente de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), según se establece en el Inventario Nacional de Emisiones. No obstante esta situación, es necesario complementar estos esfuerzos con acciones destinadas a reducir emisiones de metano también en los sectores de generación de residuos y ganadería.
De no reducirse las emisiones de metano, México seguirá contribuyendo al acelerado calentamiento del planeta, así como a los impactos que éste genera, como son desastres naturales, daños materiales y pérdidas humanas. Desde el punto de vista jurídico, México podría incurrir en incumplimiento de sus compromisos internacionales (como es el caso del Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París) y violaciones a derechos humanos (violando sistemáticamente el derecho constitucional que tenemos a un medio ambiente sano), abriéndose así la muy alta posibilidad de que se interpongan litigios climáticos en contra del Estado mexicano.
Es así que México debe cumplir sin dilación con las regulaciones existentes en el sector hidrocarburos. En lo que respecta a los otros sectores generadores de emisiones de metano, como la ganadería y la generación de residuos, es necesario estudiar, crear y aplicar instrumentos normativos y de política pública que, desde el punto de vista operativo, fortalezcan a las instituciones encargadas de la inspección y vigilancia del cumplimiento de las distintas regulaciones. Complementariamente, México habrá de homologar normas de emisiones contaminantes en el sector transporte, actualizar normas de eficiencia vehicular y reducir drásticamente el uso del combustóleo y el carbón e impulsar las energías renovables. Esto, es fundamental para garantizar un buen medio ambiente en favor de la salud y la mejor calidad de vida de las personas.
