En coautoría con Mario Sánchez*
Como es del conocimiento público, la semana pasada se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 20 decretos federales de áreas naturales protegidas, algo a lo que difícilmente alguien podría criticar o oponerse ya que se declaran espacios que buscan la protección, cuidado y conservación de flora, fauna, ecosistemas y los servicios ambientales que estos nos proveen y de los cuales todos dependemos en para nuestra evolución y desarrollo. Entre otras, hay que destacar la recarga de acuíferos, la anidación de especies protegidas, zonas para polinización, y el crecimiento y mantenimiento de la cobertura forestal.
¿Cómo cumplir con las recientes declaratorias federales de áreas naturales protegidas cuando se conocen ampliamente los fuertes e incomprensibles recortes de personal y de presupuesto que ha tenido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) encargada de su manejo y administración? Sin un presupuesto adecuado, sin los recursos humanos necesarios y suficientes y sin los recursos materiales que se requieren, por más áreas naturales protegidas que se decreten en la práctica quedarán sólo en el papel pero su cuidado y conservación quedarán en el aire. Lo que ahora tenemos, son más de 93 millones de hectáreas que cuidar y $984 millones de pesos asignados a la CONANP en el presupuesto que está corriendo para este 2024, por lo que estamos hablando (en una cuenta simple) de menos de $10.5 pesos por hectárea, cantidad que resulta ínfima para cumplir con las obligaciones que se derivan de las declaratorias ya aludidas.
Tomando en cuenta lo anterior, no queda claro cómo en la práctica se logrará conservar y cuidar el nuevo total de 225 áreas naturales protegidas federales. Igualmente, es más que oportuno preguntarse si lo más importante, como lo ha hecho este gobierno, es presumir que son el gobierno que más decretos ha emitido en la historia o como el que pudiera haber hecho que funcionaran de verdad tanto las existentes como las nuevas. Porque si bien podría ser la administración que más número de áreas naturales protegidas ha decretado, no es la que ha protegido el mayor territorio del país. Con todo y los nuevos decretos quedaría en el séptimo lugar muy por detrás de lo decretado por administraciones anteriores. Ahora, al ser mayor la superficie a proteger y mantener el mismo presupuesto (de por sí ya muy recortado y disminuido), la historia ambiental de nuestro país juzgará a esta administración como la que menos presupuesto ha asignado a las áreas naturales protegidas y en consecuencia su descobijo. El decretar áreas protegidas sólo por decretarlas no garantiza en forma alguna su debido cuidado y conservación. Dichas declaratorias deben de ir acompañadas, se reitera, de fondos, personal suficiente y los recursos materiales indispensables. De lo contrario, es puro bla, bla, bla.
Además, habría que rendir cuentas sobre sí se cumplieron cabalmente las formalidades legales para publicar las declaratorias ya aludidas de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). ¿Se tomó en cuenta el sentir, las propuestas, comentarios y observaciones de los distintos sectores de la sociedad, es decir, si se llevaron a cabo las consultas respectivas? ¿Se van a publicar al año siguiente de la publicación de estas declaratorias en el DOF sus respectivos planes de manejo? Hay que recordar que de las 225 áreas protegidas federales con las que contamos hoy, hay más de 100 que NO cuentan dichos planes. ¿Se pusieron a disposición del público los estudios justificativos de las nuevas áreas protegidas? ¿Se le solicitó la opinión respectiva a gobiernos locales, dependencias de la administración pública federal, organizaciones sociales, pueblos indígenas, centros de investigación y demás interesados en estas declaratorias?
¿Acaso estas declaratorias se dan justo al final de este gobierno intentando lavarse la cara ante la pésima gestión que han tenido las autoridades ambientales a lo largo de estos más de cinco años de gobierno?
