En diciembre pasado, se llevó a cabo la Conferencia de las Partes (COP) 15 de la Convención de Diversidad Biológica (CBD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo más sobresaliente de esta COP es el Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad que sustituye a las 20 Metas de Aichi, que representaron el horizonte del trabajo de la conservación entre 2010 y 2020. Dicho Marco Mundial plantea una hoja de ruta mundial durante la década actual, que termina en 2030, con el fin de enfrentar el colapso de la biodiversidad. Ello, a través de 4 objetivos y 23 metas, con indicadores claros de cumplimiento.
La más visible de estas nuevas metas es la conocida como 30×30, que consiste en conservar efectivamente al menos el 30% de la superficie terrestre y acuática del planeta a más tardar en el año 2030 (Meta 3). No obstante, hay que considerar el marco como un todo, ya que, por ejemplo, extender la superficie de conservación está condicionado al cumplimiento de las metas de financiamiento y de respeto a los derechos humanos, con especial énfasis a los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas.
En ese sentido, se acordó un aumento del financiamiento de la biodiversidad en al menos US$ 200 mil millones de todas las fuentes, incluidas las internacionales, nacionales, públicas y privadas, para 2030 (Metas 18 y 19). Asimismo, destaca el compromiso de lograr la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, y su acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, respetando sus culturas y sus derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos, y los conocimientos tradicionales, asegurando la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales (Meta 22).
Por cuanto hace a la contaminación, para 2030, los Gobiernos se comprometen a reducir el impacto negativo de la contaminación a niveles que no sean dañinos para la biodiversidad y la función de los ecosistemas; aquí se incluye la reducción de los pesticidas de alta peligrosidad al menos a la mitad (Meta 7). También, se comprometieron a conseguir que la gestión y utilización de especies silvestres sea sostenible, proporcionando así beneficios sociales, económicos y ambientales para todas las personas (Meta 9). Se reconoce la interseccionalidad entre el cambio climático y la diversidad biológica al establecer que se deben reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica (Meta 8).
Tomando en cuenta lo anterior, en el ámbito nacional, es fundamental que nuestro marco jurídico reconozca y asuma a la Estrategia Nacional de Biodiversidad como el instrumento de política pública por excelencia, que recoge y da cumplimiento a los objetivos y acuerdos derivados del CBD y los aterriza en el contexto nacional. Es igualmente importante alinear dicha Estrategia, ya que hay que recordar que la Comisión para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) presentó la Estrategia en 2016 y parte del cumplimiento efectivo del Marco Global de Biodiversidad es precisamente alinear las Estrategias Nacionales con los compromisos del Marco Global.
Es necesario el fortalecimiento de CONABIO, como autoridad nacional y punto focal del CBD, lo que debería ser una consecuencia natural de lo que México asumió en la COP15. Si bien la implementación y cumplimiento efectivo del Marco Global y de la Estrategia concierne a todas las autoridades, no hay que olvidar que es CONABIO la autoridad técnico-científica en la materia y por lo tanto, su quehacer tiene una enorme relevancia e impacto en el cumplimiento del Marco.
Asimismo, la asignación de recursos humanos, técnicos, científicos, financieros públicos y privados suficientes es imperante para poder alinear, en primer lugar, la Estrategia Nacional y cumplir con las 23 metas del Marco Global. ¿Lo hará el Estado mexicano en su conjunto? Lo que hemos visto al día de hoy en México en materia ambiental, al menos a nivel federal, nos dice que no.
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