En días pasados, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), hizo del conocimiento público una serie de propuestas ambientales con la intención de que los candidat@s a la Presidencia de México los hagan suyos y se vuelvan prioridad en la próxima Administración Federal. Salvo honrosas excepciones, y no obstante que llevan meses los candidat@s en campaña, es altamente sorpresivo que ningun@ de ell@s ha hablado sobre estos temas con la fuerza que se merecen y que deberían de ser considerados como de seguridad nacional. Entre las propuestas realizadas, destacan las siguientes.
1. Expedir una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y pueblos. Para que ello sea posible se debe de cumplir con el mandato constitucional de aprobar una Ley General de Aguas Nacionales que cuente con un enfoque transversal y progresivo de derechos humanos que permita llegar a la cobertura universal del recurso, así como mecanismos de acceso a la información, participación social, monitoreo social y rendición de cuentas que permitan una mejor gestión del agua conforme a la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
2. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben contar con el presupuesto necesario para cumplir con su objetivo de garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida. En consecuencia, hay que acompañar el aumento de la superficie protegida del territorio nacional con un incremento del presupuesto público para garantizar el manejo y operación adecuada de todas las ANP.
3. México debe de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que requiere avanzar hacia una transición energética justa e incluyente con fuentes renovables, con garantías de transparencia y con respeto a los derechos humanos, en la cual los combustibles fósiles queden fuera del futuro energético de México, lo que incluye al carbón, al combustóleo y el mal llamado gas “natural”.
4. La Evaluación de Impacto Ambiental de las obras y actividades debe ser efectiva en la prevención, mitigación y minimización de los impactos negativos a los ecosistemas y su funcionalidad. Para que así sea, se deberá de adecuar el instrumento a los estándares internacionales para garantizar el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
5. Por lo que respecta a garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente, se debe de contar una política de prevención, protección y cero tolerancia de agresiones a personas defensoras que además esté acorde a los estándares internacionales de protección de derechos humanos y del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
6. México debe de transitar hacia una economía circular, con un enfoque preventivo e integral, que contenga medidas de comando y control necesarias, complementadas con incentivos para fomentar el rediseño de modelos de negocios y los procesos productivos hacia la circularidad además de contar con el marco legal necesario para evitar incentivos perversos para la generación de productos contaminantes innecesarios, incentivar la perspectiva de circularidad y desincentivar la obsolescencia programada.
Insistimos en la relevancia de que los temas relacionados con el medio ambiente y nuestro patrimonio natural sean prioridad en la agenda de la próxima Administración Federal 2024-2030, en beneficio de salud, la calidad de vida y la vida misma de los mexicanos. Además de los temas aquí planteados, igualmente habrán de atenderse, entre otros aspectos, todo lo relacionado con el manejo adecuado de los residuos sólidos y los residuos peligrosos, la muy alta contaminación que sufren en el país los cuerpos de agua incluidos nuestros mares y costas, prevenir los incendios forestales, la necesidad de contar con una norma oficial mexicana sobre olores, prevenir de una mejor manera los impactos ambientales de la actividad minera y fomentar una sustentabilidad en la que haya lugar al mismo tiempo para el desarrollo, la inversión, el crecimiento, la creación de empleos y el cuidado y respeto a nuestro entorno natural del cual todos dependemos.
De la misma manera, hacemos un respetuoso llamado al Instituto Nacional Electoral para que el tema ambiental sea incluido como parte de la discusión de los debates que sostendrán las personas aspirantes a la Presidencia de la República.
Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
