Hasta hace algunos años, se reconocía a México por ser un país líder en las negociaciones de cambio climático. Si bien es cierto que existían importantes retos para cumplir lo que en la escena internacional se comprometía, es cierto también que al menos se tenía una meta referente que detonaría importantes procesos nacionales para implementar efectivamente dichos compromisos. Al respecto, basta mencionar la publicación de la Ley General de Cambio Climático, los dos Programas Nacionales de Cambio Climático, la Estrategia Nacional y, la Ley de Transición Energética, entre otros.
Todavía en 2015, México destacó por ser el primer país en desarrollo en presentar, dentro del marco del Acuerdo de París, su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglás en inglés) y, aunque desde aquél momento se calificó como un instrumento con metas insuficientes para hacer frente a la emergencia climática, al menos a nivel nacional se impulsaban políticas en favor de la transición energética y se contaba con una arquitectura institucional y financiera que facilitaba dicha transición.
Cinco años después, esto es , en diciembre de 2020, México presentó una NDC actualizada cuyas metas están lejos de cumplir con el principio de progresividad que mandata el artículo 3 del Acuerdo de París pues solo se ratifican las metas de reducción de emisiones del 22% al año 2030, como ya se había hecho en 2015 lo cual ha sido calificado internacionalmente como metas altamente insuficientes.
Asimismo, se pretende encubrir la falta de ambición climática que ha mostrado la presente Administración bajo el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” el cual señala que todos los Estados tienen una responsabilidad en abordar los desafíos del cambio climático, pero concede que no todos los países tienen las mismas obligaciones ni responsabilidades respecto de esos desafíos. México ocupa el lugar 13 como país emisor de gases de efecto invernadero. Y no obstante ello, la fallida política climática nacional antepone las condiciones socioeconómicas de nuestro país para justificar la falta de ambición, pervirtiendo así la aplicación efectiva de este importante principio contenido en el artículo 3 de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.
De especial preocupación resulta la actual política, tanto presupuestal como energética; por un lado, bajo la supuesta austeridad y transparencia se desaparecieron importantes fondos, entre ellos el de cambio climático, haciendo con ello difícil el cumplimiento de los compromisos climáticos pues será más difícil captar y canalizar recursos de la cooperación internacional destinados a este fin.
Por otro lado, bajo la excusa del fortalecimiento de la soberanía energética, se han puesto en marcha reformas legislativas que pretenden culminar con una reforma constitucional que ya ha sido anunciada y cuyos efectos son retrasar si no es que detener la transición energética. Al privilegiar a empresas como Pemex y CFE, que carecen de planes y proyectos de reducción de emisiones y por el contrario, cuya actividad se pretende intensificar a través de la explotación de fuentes fósiles, México está avanzando en el camino totalmente contrario al que debería y con ello incumpliendo la Constitución Política de México, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética así como el texto del Acuerdo de París.
Aunado a lo anterior, hay que considerar las implicaciones que en materia comercial tendrán estas políticas. Basta recordar que ante las modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica, se han anunciado la activación de paneles arbitrales bajo los diversos acuerdos de libre comercio de los cuales México forma parte y en los cuáles se prevén laudos condenatorios en perjuicio de las arcas nacionales. Finalmente, y en este mismo rubro, la exportación de productos a la Unión Europea en cuyos procesos de manufactura se hayan utilizado fuentes fósiles corren el riesgo de pagar importantes aranceles, en caso de que se apruebe el paquete legislativo europeo “Fit for 55” el cual propone un Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera. De aprobarse este paquete legislativo en la Unión Europea, habría que repensar la pertinencia de las políticas energéticas actuales, en beneficio de la economía nacional y de la salud de las personas.
* Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
** Gerente de Investigación del CEMDA.
