La cumbre climática de la ONU, conocida como la Conferencia de las Partes (COP) 27, inició el pasado 7 de noviembre en Egipto con un llamado de urgencia a la acción global lo más rápida que se pueda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se reconoció que estamos perdiendo la batalla, que los eventos climatológicos son cada vez más extremos y frecuentes y que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, así como el que se necesita mucha mayor voluntad política al más alto nivel de todos los países para enfrentar el problema y poder acelerar la descarbonización en el mediano y largo plazo.
Un segundo llamado a la comunidad internacional fue para pedir que las ambiciones climáticas vía las contribuciones nacionalmente determinadas sean renovadas con una ambición climática cada vez más alta. Es decir, no bastan los compromisos actuales, sino que hay que hacer aún más. Hay que recordar que en el caso particular de México, cuando presentamos nuestra contribución nacionalmente determinada del 2015 y del 2020, se ha considerado como insuficiente por parte del Climate Action Tracker.
Buena parte de las discusiones se dieron en el tema de “pérdidas y daños”, en donde no sólo se pide, sino se exige a las naciones que más emisiones de gases de efecto invernadero han emitido, compensen a los países afectados y más vulnerables por el cambio climático, es decir, que se dé una reparación por las afectaciones causadas a países que prácticamente no emiten concentraciones de gases de efecto invernadero, pero que sí están sufriendo como producto de la emisión de estas. Se está afectando más a los países que menos emiten.
Por lo que respecta a México, se ha anunciado una nueva contribución nacionalmente determinada que incluye, entre otras cosas, el aumentar del 22 al 35% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por el que se van a generar 105 gigawats de energía limpia, se va a capturar el 98% de gas metano de instalaciones de Pemex, se van a crear más áreas naturales protegidas, habrá más acciones de reforestación, se van a crear plantas de hidrógeno, y se promoverá la electromovilidad.
Todo lo anterior, pudiera verse como un paso positivo para que México regrese a la senda de la reducción en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay que cuestionar el cómo lo van a hacer. ¿Van a cambiar radicalmente la política energética del país? ¿Lo va a permitir la Secretaría de Energía (SENER), la que se ha opuesto sistemáticamente a las energías renovables? ¿Cuál es el plan nacional de implementación? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se usarán los 48 mil millones de dólares que ofreció Estados Unidos para ayudar a México a cumplir con sus compromisos climáticos?
Igualmente, se debe de evitar el greenwashing al proponer al Tren Maya y a Sembrando Vida como medidas de mitigación climática. Lo anterior, en función de que el World Resources Institute (WRI) ya hizo un estudio en el cual se demuestra que Sembrando Vida deforestó alrededor de 73 mil hectáreas en el 2020. En el caso del Tren Maya, éste ha sido un destructor de la selva en la península de Yucatán y eso es contrario a promover la captura de carbono.
Entre algunos compromisos derivados de la COP, podemos resaltar la creación de un mecanismo financiero para hacer frente a las pérdidas y daños que ayudará a los países pobres y vulnerables a hacer frente a los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos, derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los países ricos. Sin embargo, sigue ausente la mención expresa de la necesidad de eliminar a los combustibles fósiles del sector energético, y no hubo un acuerdo ni compromiso claro en torno a este importante tema. ¿Ante esa realidad cada vez más apremiante, nuestro país jugará un rol activo o más bien pasivo?
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