El pasado 9 de agosto, se publicó el informe del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), órgano internacional para la evaluación del cambio climático y cuyo expertise técnico y científico sirve de apoyo para la toma de decisiones.
Lamentablemente, no sorprenden los hallazgos que han sido publicados y se confirman, eso sí, con mayor contundencia, los mensaje que en lo últimos años hemos escuchado: que los cambios en el clima se mantienen como producto de la actividad humana, que algunos de estos cambios no se podrán revertir sino en siglos o milenios, que el cambio climático se puede limitar sólo si se da una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero, que estas emisiones deben reducirse de manera inmediata, rápida y a gran escala para evitar un calentamiento superior a 1,5° C, entre otros.
Lo que no deja de sorprender, sin embargo, es la forma en que algunos gobiernos, incluido el nuestro, y las políticas a su cargo, hacen caso omiso a los datos duros derivados de la ardua revisión y evaluación que lleva a cabo el IPCC. Pareciera que la labor del IPCC se tratase, en el mejor de los casos, de un ejercicio académico-científico para conocer el estado del arte sin tener mayor resonancia en la construcción de políticas efectivas de mitigación al cambio climático, lo cual es completamente inaceptable.
En el caso de México, por ejemplo, cabe preguntarse en dónde encuentra eco la reducción de emisiones -que es además una obligación jurídica en términos de nuestro marco legal- dentro de una política de Estado que actualmente gira en torno a la recuperación de una soberanía energética basada en fuentes fósiles y cuya inversión de gasto público apuesta por estos proyectos frente a la reducción de presupuesto del sector ambiental y de los programas ambientales. Brilla por su ausencia total una política integral y transversal del Estado mexicano que recoja atinadamente la urgencia que manifiestan los datos arrojados por el informe del IPCC.
Especial atención merece el compromiso- no cumplido- de reducción de emisiones de metano que desde hace tiempo México asumió y cuya importancia en la mitigación ha sido resaltada por el IPCC esta semana dado el potencial de calentamiento que tiene este gas acelerando con ello el cambio climático. ¿Además de no contener las emisiones de dióxido de carbono en México tampoco le vamos a entrar a reducir las de metano?.
En México, debemos de controlar las emisiones de metano, homologar las normas de emisiones contaminantes en el sector transporte, actualizar las normas de eficiencia vehicular y eliminar el uso del combustóleo y el carbón e impulsar a las energías renovables.
Así las cosas, el costo de la inacción en materia de cambio climático puede ser muy alto para nuestro país, ya sea porque el costo para revertir las tendencias de deterioro ambiental serán tan costosas que no habrá dinero que alcance para hacerlo o serán tales los daños ambientales que simple y sencillamente no habrá forma de revertirlos. La emergencia climática está más que presente. ¿Seguirá el gobierno federal por el camino equivocado promoviendo refinerías, carboeléctricas y oponiéndose a las energías renovables o corregirá el rumbo?.
