La semana pasada, en Chiapas, cientos de estudiantes normalistas se manifestaron para exigir al gobierno de Rutilio Escandón, de Morena, que el examen de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 fuera de forma presencial y no en línea. En Chiapas, como en muchas zonas del país, las familias ––y en especial los estudiantes–– no cuentan con acceso a Internet, a pesar de que éste es un derecho constitucional de todos los mexicanos desde 2016 y de que el confinamiento por la pandemia ha hecho de este servicio una necesidad. Los estudiantes chiapanecos protestaban porque, al no tener Internet, no iban a poder hacer el examen de ingreso para continuar con su educación. El gobierno de Morena en Chiapas reprimió violentamente la manifestación y detuvo a 95 de estos jóvenes por delitos de motín, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado, y pandillerismo. La policía estatal trasladó al penal federal de El Amate a los 95 estudiantes por exigir un proceso de admisión justo y por no tener los medios económicos para ejercer su derecho al acceso a Internet.
Se calcula que, por la falta de servicio de Internet, cerca de cinco millones de niños y jóvenes en nuestro país han dejado de estudiar desde el inicio de la pandemia. En entidades como el Estado de México, para contener los efectos de la falta de conexión en la población estudiantil, en 2020, los legisladores locales reformaron el artículo 5º de la constitución estatal, para garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la tecnología de la información y a servicios como la banda ancha y el Internet, y para obligar a las autoridades estatales a actuar dentro de lo posible para garantizar el ejercicio de este derecho ciudadano. Sin embargo, en esta parte del país, el acceso universal a Internet aún no se logra. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 30.4% de la población del Estado de México está desconectada de la red y sólo 40% de los estudiantes de educación básica en el estado tiene Internet. Generalmente, la población sin acceso a la red se encuentra entre los niveles socioeconómicos de menor ingreso, entre las familias más pobres.
La falta de acceso a Internet limita todavía más las oportunidades de las familias con ingresos bajos y, como ha sido evidente durante la pandemia de COVID-19, afecta la preparación y el desarrollo de quienes más necesitan el apoyo de nuestra sociedad ––los niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad económica. Parte de la juventud mexicana ha quedado relegada durante este año y medio de emergencia sanitaria. La falta de conexión a internet es responsabilidad del Estado mexicano y, por lo tanto, los gobiernos federal, estatal y municipal deben cumplir con sus obligaciones y tienen que asignar los recursos necesarios para llevar Internet a las comunidades remotas que aún siguen desconectadas. Para las familias que no tienen los medios para gozar del derecho constitucional de la conexión a internet, las autoridades correspondientes tienen que otorgar los apoyos económicos y materiales que permitan el ejercicio de este derecho.
En el caso del Estado de México, desde el congreso estatal, se puede aprobar el presupuesto necesario para, mediante alianzas con empresas de tecnología o telefonía, establecer puntos de distribución de internet deportivos, educativos y comerciales que rodean los puntos de distribución gratuita de internet de calidad. Además, para preparar el regreso a clases presenciales, sería útil aprovechar la ausencia de los estudiantes e instalar internet público y de calidad en los centros educativos públicos. También, se podrían implementar programas de premios escolares en las comunidades más marginadas y entregar equipos tecnológicos ––como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes–– a las familias de los estudiantes, o incluso se podría establecer un programa de créditos que facilite el acceso a la tecnología necesaria para ejercer el derecho de los mexiquenses a Internet. Los miles de estudiantes relegados de la educación durante esta pandemia deben recordarnos la importancia de la conexión a la red y la necesidad de que los gobernantes mexicanos cumplan con el mandato constitucional de llevar el Internet a todos los hogares del país.
Maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York
