Todas las personas sabemos que, en México, las mujeres no sólo enfrentan dificultades adicionales en distintos ámbitos de la vida social, sino que incluso, su vida llega a correr peligro únicamente por ser mujeres. A los mexicanos nos debe parecer inaceptable que este grupo social mayoritario, que abarca 51.2% de la población nacional (más de 64 millones de personas), enfrente condiciones de discriminación, desigualdad y violencia constantes y flagrantes.
En México, hay 10 feminicidios diarios y 70% de las mujeres manifiestan haber sufrido violencia por razones de género. Entidades como Colima, Guerrero, Baja California y Guanajuato se distinguen por las condiciones violentas que enfrenta su población femenina. Por ejemplo, en 2020, Guanajuato se ubicó como uno de los lugares con más asesinatos de mujeres en México, con 433 muertes. Colima, por su parte, tiene la tasa más alta de feminicidios en el país, con 20.3 casos por cada 100,000 mujeres. La población femenina no es una “minoría” (como dicen en sus discursos los políticos a los que este tema no les parece relevante), es una mayoría que, a pesar de enfrentar las adversidades de una sociedad en la que predomina el machismo, exige sus derechos y sus libertades.
En las campañas hacia las elecciones de junio de este año, las ciudadanas y los ciudadanos escucharemos promesas numerosas y también generalmente vacías, sobre los temas relacionados con las mujeres. La clase política mexicana no dudará en expresar su compromiso con las luchas femeninas, si esto significa alguna ventaja en la contienda electoral. La ciudadanía deberá estar atenta a las acciones de las candidatas y los candidatos. Habrá quienes tengan interés genuino en las causas de las mujeres y en hacer justicia a sus derechos y necesidades, pero habrá también quienes sólo finjan su simpatía por los intereses de la población femenina y busquen así obtener ventajas a costa de falsedades.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó para el proceso electoral de 2021 una iniciativa que obliga a quienes compiten por cargos de elección popular a presentar una “declaración 3 de 3 contra la violencia”, en la que deberán demostrar que no han sido sancionados por violencia doméstica, agresiones de género, delitos sexuales o adeudos de pensiones alimenticias. Si los candidatos mienten sobre esta información, sus candidaturas podrían ser canceladas. Sin embargo, el pasado 4 de abril, el INE informó que, por falta de capacidad laboral y de tiempo para analizar las declaraciones de todos los candidatos, sólo podrá analizar una muestra del total ––es decir, que se elegirán aleatoriamente las declaraciones de un número reducido de candidatos, para ver cuáles son las tendencias en el cumplimiento de esta regla electoral.
Tomando en cuenta esta iniciativa del INE para enfrentar la violencia de género, propongo aquí que contribuyamos a complementar el trabajo de la autoridad electoral y que ayudemos a pedir cuentas a los candidatos sobre sus actitudes acerca de la violencia de género. Propongo que, por lo menos, todos los candidatos comprueben ante la ciudadanía que han cumplido con sus obligaciones de paternidad responsable, que demuestren que, en caso de estar separados de sus parejas y de tener hijas o hijos, aporten la pensión alimenticia que marca la ley. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 29% de la población femenina en México ha enfrentado violencia económica o patrimonial. Como sabemos, en muchas ocasiones, los hombres evitan hacerse responsables de las obligaciones económicas que tienen con sus parejas, exparejas, hijas e hijos. Esta es una forma de ejercer violencia económica, y no podemos aceptar que los candidatos que buscan representarnos contribuyan a las cifras de violencia contra las mujeres, a maltratar a quienes son la mayoría de nuestra población.
De esta forma, exigiendo que todos los hombres que compiten en las elecciones de este año no solamente presenten su “declaración 3 de 3 contra la violencia”, sino que comprueben que no han ejercido violencia de género económica, podemos empezar a identificar quiénes de los candidatos están genuinamente interesados en luchar contra la violencia que enfrenta la mayoría de la población de nuestro país ––las mujeres mexicanas. Con esto, además de ayudar a la labor del INE, ayudamos a la sociedad a hacer de nuestro país un lugar mejor y más seguro para vivir. Las medidas de protección de género contribuyen al bienestar de la población femenina, pero sobre todo nos ayuda a todas y todos a convivir de forma más armoniosa.
Las candidatas y los candidatos, sin importar su partido, deben ser personas responsables, que reflejen los valores de inclusión y respeto que exige la democracia mexicana. Si los hombres en la política no rinden cuentas ante sus familiares ni ante las personas con quienes por ley tienen compromisos económicos, entonces deberán saldar sus deudas ante la opinión de la ciudadanía en las urnas.
Maestro en administración pública por la Universidad de Columbia, en Nueva York
@gzamacona