En días recientes informó la prensa que Gregorio Salazar, juez de un tribunal colegiado, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) poner fin a la acusación contra la Dra. Julia Tagüeña y otros cuatro académicos que laboraban en el Foro Consultivo Científico del Conacyt. La orden equivale a una sentencia absolutoria y sienta precedente para que el resto de los muchos acusados amerite, por fin, la misma justicia.
Se recordará que hace dos años, por iniciativa de la Dra. Álvarez-Buylla, suprema del “Conacyt de la 4T”, el fiscal Gertz Manero acusó a esos académicos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada tan grave que pidió encerrarlos en la prisión de Almoloya. Qué cosa. Como narró la Dra. Tagüeña, el juez que lidiaba con los peores criminales se enfrentaba con astrónomos, físicos y economistas...
Un delirio kafkiano: los inescrutables rencores de una funcionaria aliados a un fiscal que, por medio de demandas y amparos, odió durante años a las comisiones de académicos del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt que rechazaban sus solicitudes de ingreso, entre otros motivos por haber plagiado un par de libros, como se documentó después públicamente. (Y claro, cuando Álvarez-Buylla llegó de suprema, Gertz ingresó de inmediato, y con el nivel más alto...)
Ojalá y esta vez sí sea la buena, pues ya antes los jueces juzgaban que los hechos no eran constitutivos de delito y dictaban el no ejercicio de la acción penal y, a la semana siguiente, la FGR volvía a impugnar con nuevos cargos y de vuelta a la barandilla. Apenas este enero el mismo juez Salazar cerró el caso y a la semana la FGR lo volvió a abrir...
Y el Comandante Supremo, junto a la sonriente Álvarez-Buylla diciendo en la mañanera: “Tengo entendido de que hay una investigación porque se presume que hubieron (sic) malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”. Y el juez resolvía “en definitiva”, pero no era definitivo y, de nuevo, temía quien nada debía.
Pero ahora sí. El ministerio público está legalmente impedido para inconformarse o impugnar la resolución. No más saña de demandas ni el artilugio artero ni el fatídico sobreseimiento ni la catarata de fojas y firmas y sellos ni las infinitas parrafadas en el hostil argot abogadoñol. Los injustamente perseguidos han sido exonerados. El infierno de todos tan temido caducó, prescribió, se agotó. Siacabuche. Caso cerrado. Finito. Hasta la vista, baby. Ciao. Kaput. No more. Ya no hay modo. Punto final. Ya. ARCHÍVESE.
¿Alguien les pedirá perdón a esos académicos y sus familias por esos años de angustia?, ¿el costo de su defensa les será repuesto?, ¿se activará el artículo del Código Penal que dispone cárcel para quien invente pruebas para inculpar a un inocente?, ¿alguien será denunciado en la mañanera por contravenir la orden del Comandante Supremo en el sentido de que en su gobierno no se fabrican delitos? Dúdolo.
Así pues, la sentencia del juez Salazar sería una buena noticia si también cambiaran las circunstancias que permitieron esa epopeya del hostigamiento contra tantas personas inocentes. Y esas circunstancias, me temo, no han cambiado.
El mismo reciente día en que se publicó la sentencia absolutoria, Julia Tagüeña, doctorada en física por la Universidad de Oxford, recibió en la UNAM su medalla por haber cumplido 50 años de trayectoria académica. Junto a la legal, celebró la libertad académica que le da la UNAM. Y declaró que lo seguirá haciendo.
Esa es la mejor noticia.
