No está claro el motivo que ha llevado a un idólatra de la transformación a la conservadora paradoja de defender a Bartlett. ¿Por qué encumbrar a un ejemplar sublime de lo que Quevedo llamaba las “fantásticas escorias eminentes”? ¿Cómo le hacen los bolivaristas que lo sentenciaban hace poco para ahora defenderlo? La exoneración de Manuel Bartlett evidenció que la autoproclamada “cuarta transformación” se metamorfoseó velozmente en la enésima simulación.
En el versátil jarrito del Morena, como se sabe, se acomodan diversos contorsionistas: empresarios sagaces, panistas polvosos, cristianos potentes, sicofantes norcoreanos, bolivaristas férvidos y, desde luego —comenzando por el Primer y Único Mandatario— priístas recesivos.
No dejó de ser gracioso que la tarea de exonerar a Bartlett, el más compacto emblema de que en México nada cambia (pero todo se transforma) se encomendase a la compañera Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP) y militante del costado ultraizquierdista de ese jarrito multitask. Cumplida la exoneración y vanagloriándose del giro que dio su moral elástica, la dama comparó su desdén a la crítica al desdén que Juárez le tiene al viento.
No pasa en balde el tiempo. La inconformidad de la compañera Irma Eréndira ante la Fiscalía General, cuando ésta declaró que los delitos de Miguel Ángel Lozada en PEMEX habían prescrito, se convirtió en su propia conformidad al exonerar a Bartlett por motivos similares: “Las responsabilidades prescriben”, concluyó. Lejos de inconformarse, la SFP proclamó una moral diacrónica: 800 millones malhabidos durante sexenios previos, en éste se transformaron en bienhabidos.
Cuando la compañera Irma Eréndira era diputada constituyente en la CDMX sostenía con la fracción morenista que los delitos de corrupción eran equivalentes a los crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, no debían prescribir nunca. Eran otros tiempos.
En un escrito de 2017 (“Análisis crítico del título sexto…” etc), la combativa juzgaba que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es “una propuesta de gran valía”; apelaba a la Convención de la ONU sobre legislar plazos de prescripción; ponía como ejemplo a “nuestros hermanos del sur” (Venezuela, Ecuador, Bolivia), cuyas constituciones proclaman que la acción del Estado para perseguir a los culpables de delitos contra el patrimonio del Estado, y las penas correspondientes, “no admiten régimen de inmunidad” y “serán imprescriptibles”, y argumentó que la Constitución de la CDMX debía redactarse igual.
Pues al parecer la moral también prescribe...
Ya no habla la compañera del apoyo que daba al Artículo 221 del Código Penal que incluye en la órbita del servidor público a su “cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público forme parte”.
La ciudadana que en sus trabajos académicos le exigía a Peña Nieto y a su familia que declarasen sus “casas, propiedades y posesiones, joyas obras de arte, con su valor respectivo”; la constituyente que combatió que la SFP dependiera del Presidente y no de la ciudadanía —pues “sirve para ocultar y no para exhibir” y se convierte en un instrumento para “promover la opacidad, en particular cuando se trata de asuntos políticos delicados”— transformó velozmente su moral.
Es cosa de ductilidad. La misma compañera Irma Eréndira advertía en 2017 sobre el riesgo de que si “ciertos servidores públicos de filiación conservadora o neoliberal consideran que un programa de comedores comunitarios no cumple con el principio de eficiencia” podrían cancelarlos: nada dijo cuando el Primer y Único Mandatario no neoliberal los canceló en 2019.
Pero no todo favoreció a Bartlett. De acuerdo con la compañera Irma Eréndira, en su próxima declaración patrimonial, el proteico revolucionario deberá declarar TODO lo que tienen él y su “pareja sentimental” y las familias de ambos. Mientras eso sucede, tendrá un periodo de gracia para prepararse…
Por lo pronto ha quedado claro que no es lo mismo un plazo legal que un plazo moral, y que, en efecto —como suele argumentar el Primer Ciudadano Patrio— no es lo mismo la justicia que la ley.
