La semana pasada, EL UNIVERSAL informó haber solicitado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por medio de la Ley de Transparencia, conocer las denuncias, quejas o procedimientos administrativos que durante el sexenio pasado se hubiesen presentado en contra del entonces Supremo Líder y aún Padre de la Patria, señor licenciado López Obrador, y de los extitulares de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Seguridad, Gobernación, Hacienda y otra media docena de entidades gubernamentales llenas de iniciales gritonas, como PEMEX, IMSS e ISSSTE.
Quien así se pronunció no fue ya la SFP, que cambió de nombre y ahora se llama muy lindo: “Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, un apelativo bastante narcisista que convierte sus aspiraciones en hechos demostrados y que se abreviará SANCOBUGO, o algo similar. En todo caso, esta nueva secretaría sustituye al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que quede claro que el Buen Gobierno es el único capaz de satisfacer de manera transparente la curiosidad del pueblo sobre cómo se manejan los asuntos del pueblo.
La titular de esta nueva secretaría es una doctora Raquel Buenrostro, quien llega de la mano de un subsecretario de nombre Alejandro Encinas (es decir, que se llama igual que Alejandro Encinas pero no es Alejandro Encinas sino Alejandro Encinas). En un elocuente video, este subsecretario que se presenta como “politólogo con el corazón en la 4T” anunció no sin cierto dramatismo que su misión en la vida consistirá en “seguir labrando el camino del Buen Gobierno”, algo en lo que coincidió la PresidentA Sheinbaum declarando enfática que “vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia”.
Para que se note qué tan estricta es la cosa y el vigor con que se sigue labrando el camino, la nueva SANCOBUGO deshechó la solicitud de EL UNIVERSAL porque su “Comité de Transparencia” decretó aplicar la “Presunción de inocencia a toda persona servidora pública sujeta a algún procedimiento de responsabilidad administrativa”. Así pues, vayan a labrar buen camino rumbo a La Chingada. Como su ministra, en nombre de la verdad, el Supremo prohibió ser sujeto de ella.
No deja de tener sentido pues, como dice el dictamen, investigar a la “persona servidora pública” puede provocarle “un daño real, actual y objetivo” al poner en entredicho “su capacidad, aptitud, confiabilidad, honradez y dignidad como profesionista y en consecuencia, se afectaría su futuro laboral o profesional”, y peor aún, “se estaría afectando su intimidad, honor, prestigio y buen nombre”, y hasta se le pondría en peligro, pues “puede habilitar a alguna persona o grupo que pretenda realizar acciones en contra”...
No deja de llamar la atención que de todo eso que la antes SFP y ahora la SANCOBUGO ordenan proteger a la “persona servidora pública”, sea exactamente todo lo que esa “persona servidora pública” solía asestarle, con todo el poder propagandístico del Estado, a cualquier persona que osase criticarlo o discrepar de él. Cada vez que la Suprema Sombra del C(l)audillo decretaba infantilmente que sus críticos eran cerdos y puercos, marranos y cochinos, ponía en entredicho su honradez y dignidad; cada vez que abría su pueril esclusa de vituperios afectaba su intimidad, honor, prestigio y buen nombre, etc. Y no había SANCOBUGO que las proteja (ni la habrá)...
Lo bueno es saber que aún existe la “presunción de inocencia”, aunque esté reservada sólo para “toda persona servidora pública”. Combina bien con la también nueva “prisión preventiva oficiosa”, esa sí asestable a todos los mexicanos.
