La semana pasada, ante el Supremo Conductor de la Patria, habló la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt. En tanto que máxima autoridad de la ciencia, y ecologista feroz, se pensó que criticaría la carbonización y la petrolización de la Patria…
Pero no.
Fue a sumarse a la Nacional Cruzada contra los fideicomisos y a denunciar corruptos, en especial al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCT), al que declaró culpable de “irregularidades graves en asignación y administración de recursos”. Y el Líder Supremo respiró aliviado…
Álvarez-Buylla repetía lo dicho meses antes frente al Senado, donde también declaró corrupto al FCCT y acusó a su coordinadora, la Dra. Julia Tagüeña, de haber incurrido en “actos al margen de la ley”, dijo que había 50 millones perdidos y anunció que haría las “denuncias pertinentes”. (Estarán haciendo cola tras los ventiladores anti-Covid.)
Las denuncias vendrían después de que ya había juzgado y hallado culpable a Tagüeña ante un jurado impromptu de senadores del Morena que ratificaron la sentencia con sus cívicos aplausos. Y realmente disfruta de acusar científicos (no es el primer caso: volveré al tema otro día). Ajusticiar y luego averigüar es un saber popular “virtuoso” que le gusta y le copia a López Obrador, a quien también le da por los juicios sumarios lanzados desde su poder judicial privado, también halla culpable a quien le viene en gana y también dicta sentencia.
El ejercicio de ese poder judicial privado que acomete el Uno Refulgente y emulan sus funcionarios se reproduce ya en otros ámbitos del poder. Se entiende, pues Él ya consagró que su idea privada de la justicia está por encima de la ley que emana de la Constitución, esa reaccionaria. En un régimen que abomina de todo lo privado, este poder judicial privado es la única excepción (bueno, y los hospitales a los que acuden los enemigos de lo privado, y los liceos franceses de sus hijitos).
Tagüeña, doctora en física por la Universidad de Oxford (a quien no tengo el gusto de conocer), públicó unas “Aclaraciones y posicionamientos” sobre el asunto en el sitio web foroconsultivo.org.mx, tribuna insignificante frente a los megáfonos ejecutivos y legislativos que emplea Álvarez-Buylla. Es importante leerlos.
Por ejemplo, si Álvarez-Buylla sentencia ante el Faro Supremo que el FCCT malgastó en un inmueble, Tagüeña responde que fue adquirido con recursos autogenerados. Si Álvarez-Buylla sentencia que hay irregularidades en el manejo del dinero, Tagüeña demuestra que año con año (aun bajo el nuevo gobierno), el Conacyt emitió constancias favorables sobre el correcto empleo de los recursos. Si Álvarez-Buylla sentencia que el FCCT es una asociación civil con fines privados, Tagüeña explica que su fin es asesorar en público al Ejecutivo público, y que si es asociación civil es porque así lo ordena el Estatuto Orgánico del Conacyt.
O más bien lo ordenaba, pues Álvarez-Buylla modificó ese Estatuto para quitarle los recursos al FCCT. Y entonces el FCCT tramitó un amparo y un juez federal (público) estudió el caso y le ordenó al Conacyt reponer los recursos públicos. Pero Álvarez-Buylla juzgó que su poder judicial privado era superior al del juez público y decidió no acatar su orden. Y punto.
La Dra.Tagüeña, que ha llevado con enorme dignidad esta ordalía, declaró hace poco en EL UNIVERSAL: “Creo en mi país, creo en las leyes de mi país, creo que habrá justicia y no estoy preocupada”.
Yo sí.
