Hace un mes que un grupo de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), enviamos una carta formal al Conacyt solicitando que se revisara el nombramiento como investigador nacional nivel 3 (el más alto) del académico Alejandro Gertz Manero, quien ameritó ingreso por órdenes de una Comisión Especial nombrada por la directora María Elena Álvarez-Buylla, fuera de todo reglamento.
Se recordará que desde 2015 una comisión dictaminadora señaló que había indicios de plagio en trabajos de investigación que el investigador Gertz presentó como originales para exigir ingreso al SNI. Y en julio de este año se dieron a conocer evidencias documentadas de muy abundantes plagios en por lo menos dos libros firmados por ese investigador.
Como plagiar es lo más parecido a un delito que hay en el ámbito académico, el Reglamento del SNI dispone que si hay “alteración de datos oficiales o falta dolosa a la veracidad en la información suministrada, el expediente será remitido a la Junta de Honor para acreditar responsabilidad”.
No hay de otra.
Según el Reglamento, la Junta de Honor “analizará los casos que se presenten formalmente por escrito de manera fundamentada, argumentada y con las pruebas suficientes, en que se presuma la comisión de una falta de ética profesional por parte de los/las investigadores(as) del SNI”. Y deberá atenderlos puntualmente.
No hay de otra.
A Álvarez-Buylla, como a su líder, le encanta dar órdenes para desempeñarse con “honestidad y rectitud”. A nombre del Conacyt dijo que si antes “la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público y antepusieron sus intereses particulares al interés general” ahora con la 4T va a “devolverle al servicio público la dignidad perdida” con “principios éticos y convicciones firmes, bien arraigadas y ampliamente compartidas”.
No hay de otra.
Más aún, su ya famoso “Código de conducta”, himno cabal a la eficiencia y la rectitud, instruye al “servidor público” sobre no “retrasar los tiempos de respuesta”, insiste en nunca “obstruir o retrasar el trámite” y, sobre todo, le ordena abstenerse “de negociar o regatear la aplicación de la ley”.
No hay de otra.
Y sin embargo, a un mes de haberla entregado, Álvarez-Buylla no se ha rebajado a responder nuestra carta, que ya tiene más de 270 firmantes de 90 entidades académicas de todo el país.
¿Qué procede? Quizás habrá que acudir ante el Comité de Ética del Conacyt para que le ordene a la Junta de Honor que responda a nuestra carta. De pasada, podría ordenarle a Álvarez-Buylla que escuche su propio pregón, que “los ciudadanos son mandantes de los servidores públicos”. El problema, claro, es que Álvarez-Buylla también preside ese Comité de Ética y que si no se respondió a la carta previa, menos se responderá a una nueva. Y más difícil aún sería que Álvarez Buylla se ordenase a sí misma obedecer sus propios reglamentos…
Como se ha visto en la imposición de Gertz y, ahora, en la imposición del director del CIDE, y en tantos otros casos más, la arbitrariedad privada con que se maneja Álvarez-Buylla es lo más opuesto a sus honestas proclamas públicas. ¿A quién se asemeja?
Es el arte del decretazo. Álvarez-Buylla, la estricta prefecta de la ética y la moral, o no se considera “servidora pública” o ya nombró una íntima Comisión Especial que le otorgó permiso para “regatear la aplicación de la ley”.
Siempre hay de otra: el poder a la mexicana.
