La semana pasada continuó el debate sobre la nota que publicó EL UNIVERSAL el 26 de enero en la que se discutió el reglamento de becas del Conacyt, el que considera despojar de ellas a las mujeres que cometan embarazo, parto o puerperio.
El “Conacyt de la 4T” declaró airado que tal reglamento existía desde antes de que la Patria embarazada de esperanza pariera su transformación gloriosa con puerperio sexenal y en la mañanera, la señorita censora armó el pancho obligatorio. Pero las científicas de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM reaccionaron de inmediato y Brenda Valderrama, también científica en la UNAM, estudió los documentos y probó que esa causa de suspensión debutó en marzo de 2021 (véanse en su cuenta de Twitter: @BValderramaB).
De poco sirvió. Un jurista, Ernesto Villanueva, lanzó en la revista Proceso un tonante escrito acusando a EL UNIVERSAL de haber mentido “sin rubor alguno”, de haber convertido al periodismo en “un juego de niños”, de haber perdido su “credibilidad”, de ignorar su propio “código de ética”, de haber dado “una lección de lo que jamás debe hacer un medio que se respete”, de “victimar a la verdad” y otros juicios que habrán complacido a El Supremo denostador de la prensa libre en México, y a Elena Álvarez-Buylla, suprema del Conacyt, institución que (según el jurista) se caracteriza por su “ánimo progresivo”.
Recordé entonces que Ernesto Villanueva es aquel a quien Álvarez-Buylla (basándose en sus reglamentos privados) nombró (fuera de todo reglamento) presidente de la “Comisión Especial Evaluadora” que (sin reglamento de por medio) ordenó que el fiscal Alejandro Gertz fuese nombrado miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con el nivel más alto, por obra de su reglamento.
Es curioso. El jurista Villanueva, celoso vigilante de la ética profesional, es el mismo que, orgulloso de la suya, echó a la basura 10 años de evaluaciones académicas adversas a Gertz por ser “subjetivas”, lo cual permitió a la progresiva Álvarez-Buylla sentar precedente de que las comisiones evaluadoras del SNI tienden a ser arbitrarias, parciales y discriminatorias, por lo que son mejores las suyas, las “comisiones especiales” que ella nombra con objetividad no arbitraria para que den a luz nuevos miembros del SNI.
El rigor de Villanueva fue de tal manera deontológico que declaró que la obra de Gertz tiene “trascendencia nacional e internacional”, incluyendo sus libros, que leyó tan deslumbrado que no reparó en la obviedad de los plagios. Y aplaudió que tuviera “tres doctorados”, sin reparar en que uno se lo dio un diminuto college de Ohio en el que ni siquiera hay carrera de leyes, pero que tenía tratos con la universidad de la que Gertz era rector, que es la que le dio el segundo doctorado, no menos ceremonial (el tercero se supone que es de la UNAM). Y aplaudió con rigor que los libros de Gertz fueron “dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio académico”, sin reparar en que, por ejemplo, la editorial “Lasser Press S.A.” se fundó precisamente para publicar un libro de Gertz en 1992 y, de entonces a la fecha ha publicado no más de 30 libros, muchos de autoayuda, dirigida por un señor Guillermo Menéndez Castro, cuyas actividades, si se revisan en Google, son la mar de interesantes…
De todas esas cosas y más podría haberse percatado el jurista Villanueva, de haber actuado con deontología severa. No lo hizo. Y ahora, el ingreso al SNI es un “juego de niños” que se decide, obviamente, sin dolores de parto.
