Una vez más la Dra. Álvarez-Buylla, lideresa en funciones de “el Conacyt de la 4T”, manifestó, por medio de un enésimamente nuevo reglamento, su idea de que las universidades de México son virtuosas si son públicas, pero no si son privadas.
Lo hace en el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): si alguien desea ingresar debe estar dedicado “al desarrollo y fortalecimiento de la investigación humanística o científica”, pero sólo si lo hace en “alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México”. Así pues, si usted se dedica a la ciencia en una institución que, por ser privada ha sido excluida, usted como individuo está excluido también: una práctica discriminatoria que ha sido oficialmente institucionalizada.
Es discutible, mas por lo pronto es un hecho que el científico “privado” vale menos que el “público”; que la ciencia que produce, por ejemplo, alguien del ITESM no amerita del Conacyt el apoyo que sí recibe, por ejemplo, el Ejército Mexicano, institución de educación superior que diseña ametralladoras eficientes. Y es curioso que el Conacyt, que recibe 30 mil millones de presupuesto anual, subsidie a la Secretaría de la Defensa, que recibe el triple (95 mil millones de pesos en 2020). ¿No debería ser al revés?
Las contradicciones entre lo que hace y dice Álvarez-Buylla en esto de lo público y lo privado, se amplifican ante un episodio reciente: a lo largo de 10 años el señor Gertz Manero juzgó que se le había negado el ingreso al SNI no por carecer de méritos académicos (de los que en efecto carece), sino porque se le discriminaba en tanto que laboraba en una universidad privada.
Diez años de denuncias y amparos basados en ese argumento tenaz. En la página 6 del expediente (en línea: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD%2001.2020%20FINAL.pdf )
Gertz acusó al Conacyt de haberle “cerrado sus puertas en forma injusta y alevosa, enviando un mensaje a todo un grupo social de investigadores de las instituciones privadas para que ya nadie se atreva a solicitar un derecho que el Conacyt ha hecho nugatorio para la inmensa mayoría de de ese grupo social de investigadores mientras favorece en forma abrumadoramente mayoritaria y muchas veces injusta a quienes pertenecen a la planta de instituciones públicas”.
Y cuando el Conapred ordenó a Álvarez-Buylla pronunciarse al respecto, ella reconoció que en efecto había sido discriminado y sus derechos humanos violados, por lo que resarció el daño metiéndolo al SNI con el más alto nivel, gracias a una comisión especial que, a diferencia de las comisiones anteriores, no era “arbitraria” ni discriminatoria.
En resumen: el argumento del Conapred fue que “el derecho a la igualdad” de Gertz había sido violado por venir él de universidad pública, y así lo aceptó Álvarez-Buylla. Como es obvio, esto no le impide ahora, en el nuevo reglamento del SNI, seguir cancelando el derecho a la igualdad de los científicos públicos y privados.
La historia de Gertz y Álvarez-Buylla, supongo, habrá sentado precedente judicial, por lo que, sigo suponiendo, los científicos de universidades privadas podrían hacer lo mismo que hizo Gertz: van ante el Conapred, se declaran “discriminados”, Álvarez-Buylla reconoce de nuevo que el Conacyt violó sus derechos, los mete al SNI y santo remedio. ¿Por qué sí protegería a Gertz y no a los demás?
Pues nadie, supongo otra vez, pondría en duda que el Fiscal de la Patria y la Científica Pública son congruentes y aman profundamente la verdad.
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