Lamenté hace cinco años que el (todavía) Supremo nombrase a María Elena Álvarez-Buylla líder plenipotenciaria del Conacyt. Había acuerdo en que se trataba de una científica calificada y poseedora de una trayectoria importante. Y lamenté que el anhelo de poder la sacase del laboratorio donde estudiaba genes moleculares para insertarla en una oficina gubernamental llena de poderío y millones.

Ahora ha llegado al final de un mandato que dejó mucho que desear. Escribí a lo largo del sexenio varios artículos sobre su actuación al frente del Conacyt y todos coinciden con el elocuente resumen que propuso hace días el Dr. Antonio Lazcano: dejó “un rastro de rencores ideologizados, incapacidad política, ceguera científica e incompetencia administrativa.” Como Lazcano, creo que hay razones para suponer que será distinto con la Dra. Rosaura Ruiz.

A mí, lo primero que me incomodó fue su orden en el sentido de que el Conacyt ahora debería ser llamado “el Conacyt de la 4T”, es decir, que la ciencia y la tecnología se convirtiesen en un apéndice de un partido político en el poder; que siglos de ciencia mexicana, de pronto, por órdenes de un presidente iluminado y de una musa adlátere, fuesen declarados transformativos a priori.

Desde luego, ese decreto no se complementó con la promesa que había hecho el Supremo de canalizar el 1% del PIB a la investigación científica, lo que no sólo no ocurrió sino que fue suplantado por recortes presupuestales, requisición de fideicomisos y expulsión de científicos por el desacato de trabajar en instituciones “privadas”.

Su hostigamiento contra científicos rivales le permitió cesar, humillar y someter a decenas de académicos a una larga tortura judicial (que terminó en su exoneración). Su asombrosa facultad para deshacerse de directores de Centros Públicos de Investigación (como el CIDE, el INECOL o el CICY), amenazándolos con ser “investigados” por su amigo Gertz Manero, para luego entregar los cargos a gentuza de una mediocridad espectacular, como Romero Tellaheche en el CIDE o Armando Contreras en el INECOL, ufano de “mirar desde otras perspectivas la hueya (sic) de mi transitar”.

¿Es extraño que el fiscal Gertz apoyase a la funcionaria bióloga en esas iniciativas judiciales? No realmente, pues a cambio recibió el honor de que una comisión especial y extraordinaria lo declarase Investigador Nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de no ser investigador y a pesar de que fue demostrado que los dos libritos de “historia” dizque escritos por Gertz habían sido plagiados.

El presupuesto, en cambio, se redirigió a financiar lo que desde su elevada altura Buylla bautizó como los “Programas Nacionales Estratégicos” (PRONACES) necesarios para salvar a la Patria de la “ciencia neoliberal”. Un ejemplo de PRONACES fue la “Construcción Democrática” que Buylla le encargó al señor John Ackerman, consejero del Supremo AMLO, entretenido conductor de televisión y director del “Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad” (PUEDJS), dependencia de la UNAM cuyo objetivo es llevar a México a “la verdadera democracia”. Este encomiable propósito científico llevó a Ackerman a emprender “una Investigación Intensiva sobre el magisterio democrático y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de entender cómo se constituye su cultura política: disidente, contestataria y emancipadora; además de analizar sus críticas a la sociedad, al sistema educativo y al capitalismo.”

Y llevar esa misión científica al puerto seguro de la transformación constatada, el Conacyt de Buylla (con hache) le donó a Ackerman solamente 30 millones de pesos...

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