Hace tres meses desde que, acatando la orden de denunciar irregularidades, un grupo de miembros del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI ) entregamos una carta formal al Conacyt y a su Junta de Honor, demostrando que el investigador nacional nivel III Alejandro Gertz Manero presentó como obras de su autoría dos libros que, en un muy elevado porcentaje, son resultado de sendos plagios.
A casi 100 días de distancia no ha habido respuesta: ni nos vieron ni nos oyeron.
Pero se trata de un ninguneo ilegal en tanto que va contra los reglamentos que las autoridades del Conacyt juraron respetar, además de que desdice el “enfoque proactivo en materia de transparencia” del que tanto se ufana su directora, María Elena Álvarez-Buylla .
No, no es avara en proclamas, la directora. Desde antes de convertirse en la posesionaria del Conacyt, sentenció que “la ciencia está alineada con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas” y con frecuencia exalta el “rigor académico” de sus actos, se jacta de que su Conacyt “sí cumple sus compromisos” y alaba su subordinación al “estado de derecho”. No es así.
Ignorar lo expuesto en nuestra carta y, por tanto, evadir el procedimiento reglamentario que derivaría de su contenido, no sólo es ilegal (habrá que proceder en consecuencia), sino que es también un acto autoritario. Al permitirse ignorar los reglamentos que juró acatar, la directora comete también un obvio acto de censura contra los 270 miembros del SNI que firman esa carta, pues a estas alturas es evidente que, por orden de su autoridad, se nos ha negado el carácter de interlocutores.
“Los ciudadanos son mandantes de los servidores públicos”, ha dicho Álvarez-Buylla, servidora pública. Pues sí, pero la servidora pública se reserva, desde el poder de su cargo, el derecho de decidir quiénes son ciudadanos y mandantes y quiénes no. Obviamente quienes firmamos esa carta no lo somos.
¿Estará al tanto de nuestra carta la Junta de Honor? Sus “Lineamientos” legales la obligan a respondernos y, sobre todo, a responderse, si la falta ética que nuestra carta demuestra amerita una valoración ética y, en ese caso, obrar en consecuencia. Pero, ¿habrán siquiera recibido sus miembros nuestra carta formal? Habrá que suponer que no, pues son académicos respetables. Y habrá que suponer entonces que ellos mismos están siendo censurados también por la directora.
Este desdén a la legalidad pone en entredicho todos los actos de la directora. ¿Cómo crerle cuando exige a los académicos del CIDE que “retomen las vías legales e institucionales, con cordialidad (sic), en las que priven la transparencia y el respeto a la legalidad” si ella misma no lo hace? Es un desdén a la legalidad que parece inspirarse en el de El Supremo, quien cree que lo que él considera la justicia está por encima de lo que las instituciones consideran las leyes.
En su discurso contra el CIDE , Álvarez-Buylla se ufana de que “no ha existido ni existe, ninguna acción encaminada a censurar o impedir la libertad de expresión”. ¿Cómo creerle? Quienes firmamos aquella carta ejercimos nuestra libertad de expresión y la pusimos en práctica solicitando que se le respondiera de acuerdo a los reglamentos. En los hechos, Álvarez-Buylla se ha negado siquiera a tramitarla reglamentariamente, lo que equivale a, desde su poder político, censurar nuestra libertad.
Un poder político que, a estas alturas, es el único que parece quedarle...
