El cannabis y el cáñamo, aunque pertenecen a la misma especie de planta, Cannabis sativa, tienen diferencias claves en su composición química y usos. El cannabis psicoactivo, conocido como marihuana, contiene altos niveles de tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto responsable de los efectos psicoactivos. Por otro lado, el cáñamo contiene concentraciones muy bajas de THC (generalmente menos del 0,3%), lo que lo hace incapaz de generar efectos psicoactivos. En su lugar, el cáñamo es rico en cannabidiol (CBD), un compuesto no psicoactivo que se utiliza ampliamente por sus beneficios terapéuticos, y es cultivado principalmente para la producción de fibras, alimentos y productos industriales.
El pasado 23 de septiembre, California dio un paso controvertido al prohibir la venta de productos con cannabinoides psicoactivos derivados del cáñamo, tras la aprobación de regulaciones de emergencia promovidas por el gobernador Gavin Newsom. Esta medida, dirigida a frenar la venta de productos peligrosos para la salud pública, ha generado una intensa discusión sobre su impacto en la industria del cáñamo.
El objetivo principal de esta prohibición es claro: proteger a los jóvenes de California de los efectos adversos de los productos de cáñamo no regulados que contienen THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis. Sin embargo, para muchos empresarios de la industria del cáñamo, esta regulación representa un golpe letal. Según la Mesa Redonda del Cáñamo de Estados Unidos (USHR), entre el 90% y 95% de los productos derivados del cáñamo en el mercado de California quedarán fuera de circulación, afectando gravemente a agricultores, pequeñas empresas y consumidores adultos que buscan opciones no psicoactivas.
La prohibición se aplica a alimentos, bebidas y suplementos dietéticos que contengan THC o cualquier cannabinoide similar. Los consumidores mayores de 21 años aún pueden adquirir productos psicoactivos en dispensarios regulados, pero aquellos con pequeñas trazas de THC, incluso si no son psicoactivos, ahora están prohibidos fuera del mercado de cannabis autorizado.
Aunque el gobernador asegura que esta medida es una respuesta a la creciente preocupación por la salud pública, muchos dentro de la industria la ven como un error que amenaza una parte significativa del mercado del cáñamo. Los empresarios han calificado la acción del gobernador como una “traición” a los agricultores de cáñamo y a las pequeñas empresas que dependen de este sector. Acusan a la administración de no haber implementado adecuadamente el marco regulatorio previamente aprobado en 2021, lo que ha llevado a la situación actual.
Este conflicto expone las tensiones inherentes entre la regulación del cannabis psicoactivo y el cáñamo. Mientras que el cannabis sigue estrictamente regulado en dispensarios autorizados, el cáñamo había disfrutado de un mayor margen de comercialización, especialmente tras la aprobación del Proyecto de Ley de la Asamblea 45, que permitió la venta de productos no psicoactivos. Sin embargo, los vacíos legales permitieron la proliferación de productos con altos niveles de THC en puntos de venta no autorizados, lo que llevó al gobernador a actuar con rapidez.
Si bien es innegable que proteger a los menores es una prioridad, también lo es que las industrias del cáñamo y el cannabis necesitan un marco regulatorio claro y justo. La prohibición total de productos psicoactivos de cáñamo en lugares como licorerías y gasolinas puede parecer una solución rápida, pero podría ser contraproducente si no se aborda adecuadamente la demanda del mercado adulto.
La industria del cáñamo ya está explorando acciones legales contra la medida. Los productores y comerciantes argumentan que esta prohibición no tiene fundamento en una política sólida y que, lejos de proteger a los jóvenes, podría acabar con una industria que genera empleo y productos seguros para los consumidores.
California, uno de los mercados de cannabis más grandes y regulados del mundo, ha sido un referente en la evolución de las políticas sobre esta planta. Sin embargo, este paso puede afectar su liderazgo y el desarrollo de nuevas alternativas no psicoactivas. El reto, ahora, radica en encontrar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sostenibilidad de una industria clave.
En lugar de una prohibición generalizada, sería más adecuado fortalecer los mecanismos de supervisión y educación, para que los productos psicoactivos no lleguen a las manos equivocadas sin sacrificar a los buenos actores de la industria. Las políticas públicas deben ser ágiles y justas, respondiendo a las necesidades de la sociedad sin destruir economías emergentes.
La prohibición está prevista hasta marzo de 2025. De aquí a entonces, la industria del cáñamo tendrá que adaptarse, mientras el gobierno de California tendrá que reevaluar su enfoque para evitar consecuencias económicas irreparables.
