Luego de que el Congreso de la Unión fallara el 30 de abril en cumplir el plazo para entregar una legislación sobre el cannabis adulto y de no solicitar una nueva prórroga, este lunes 28 de junio, ocho de los once magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que representan una mayoría en el tribunal, votaron a favor del proyecto de DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD solicitada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud.

Esta situación se da casi dos años después de que la Corte ordenara que el congreso legislara sobre el consumo lúdico del cannabis, esto luego de otorgar cinco amparos generando la jurisprudencia bajo la tesis de que la prohibición afectaba el derecho de los mexicanos al libre desarrollo de su personalidad, como está garantizado en la constitución. Al considerarlo inconstitucional, el congreso tendría que haber reformado los artículos necesarios para la legalización 90 días después de la primera declaratoria. Al congreso se le otorgaron al menos tres prórrogas, fallaron en todas. El resultado de esta falta de acción legislativa es el proyecto con el que se eliminan los artículos de la Ley General de Salud donde se hace alusión al cannabis.

La defensa principal del proyecto fue clara y simple, este lunes no se discutió el valor medicinal del cannabis o si puede convertirse en un problema de salud pública o en una fuente de empleos e impuestos, se discutió la falta de acción del Congreso de la Unión, que llevo a que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad pudiera tener lugar. Con este argumento la votación se tornó a favor del proyecto.

La Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien postuló el proyecto, aclaró que, con este movimiento de la corte para eliminar la prohibición sobre el cannabis de uso adulto, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir y portar cannabis a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin que esta los rechace y sin necesidad de un amparo en caso de una negativa, pero para esto, el organismo debe emitir un reglamento. La última vez que la COFEPRIS tuvo que publicar un reglamento para cannabis tardó dos años.

Sin embargo, también dijo que “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” cannabis, por lo que no se creará un mercado regulado, sencillamente se podrá acceder al autocultivo, una opción que ya se tenía mediante los amparos. También queda la duda de dónde se obtendrán las semillas. El ministro Luis María Aguilar cambió su voto y lo puso a favor, pero advirtió junto con el magistrado Alberto Pérez Dayán que los artículos 237 y 245 ya se reformaron cuando se legalizó el cannabis medicinal, por lo que no pueden entrar en esta declaratoria general.

Lamentablemente este nuevo limbo legal en el que queda al cannabis da pie a diversas situaciones negativas. La más preocupante será el crecimiento del mercado negro y la posible extorsión a la que estarán sujetas aquellas personas que produzcan para su consumo personal. Una de las voces que llamó a la razón fue la del magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien ha votado en contra de todas las mociones en favor del cannabis y en este caso no fue la excepción. El magistrado explicó que, si bien se eliminan artículos de la Ley General de Salud, no se eliminan del Código Penal las actividades relacionadas con el cannabis, por lo que seguirá siendo un delito federal su portación, producción y transformación.

La duda que persiste es: ¿se debe considerar la inacción de los legisladores federales como un paso adelante en la despenalización del cannabis en México? Las nuevas medidas entrarán en vigor en el momento en que se publique la Declaración de Inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y permanecerán vigentes mientras el Congreso no apruebe una ley que reforme la constitución y permita la creación de un mercado legal en el país.

La situación actual del cannabis no generará ni un solo nuevo empleo, ni riqueza de origen legal o nuevos ingresos de las arcas públicas a través de impuestos, tres de los principales motivos para crear un mercado legal del cannabis, por eso nuevamente usamos este espacio para pedir a los legisladores que aprueben lo más pronto posible una ley incluyente, que nos permita insertar al país en el mercado internacional y que nos deje explotar todo el potencial de esta planta.

Presidente de la ANICANN.
www.anicann.org

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