El cannabis medicinal fue legalizado en 1996 en California, momento en el que se pensó que la situación en el estado cambiaria dándole un giro al mercado, sin embargo, muchos de los agricultores se convirtieron en parte de un mercado gris.
En 2016 una alternativa de cannabis, la propuesta 64, prometía a los votantes un mercado legal que paralizaría el comercio dejando de considerar al cannabis una droga asociada a la violencia. De acuerdo con una investigación del periódico “Los Angeles Times”, la ley desencadenó un aumento del cannabis ilegal a una escala que California nunca antes había presenciado.
A principios de 2019, un año después de que la venta de cannabis recreativa comenzara en california, gracias a la propuesta 64, muchas de las personas que habían crecido en comunidades criminalizadas por la guerra contra las drogas esperaban beneficiarse como empresarios de la industria legal del cannabis, buscando una equidad social, pero la realidad fue otra, ya que muchas ciudades y condados aún no habían adoptado programas para aumentar las posibilidades de éxito de los empresarios sobre todo negros y latinos; por otro lado, dónde si había regulación, los trámites para obtener los permisos no eran claros, con tiempos largos de respuesta, por lo que muchos de los productores minoristas hicieron caso omiso a regularse.
Con la legalización los bosques de California cambiaron a centros de cultivo como el Monte Shasta Vista, donde ahora envuelve a comunidades rurales dispersas por todo el estado, tan lejos como el desierto de Mojave, las empinadas montañas de la costa norte y el alto desierto y las tierras de madera de Sierra Nevada. En estos lugares se rentaron terrenos privados y construyeron hasta 100 invernaderos, por empresas criminales que operan con impunidad, donde los residentes de los lugares viven con miedo ya que los campos cuentan con personal fuertemente armado. La policía sin duda ha actuado, pero no ha sido suficiente ya que desmantelan una fracción de granjas y a los pocos días de nuevo se vuelven a instalar.
Las redadas arrancan las plantas y encarcelan a los trabajadores de bajos salarios, mientras que los responsables, algunos que operan con dinero del extranjero, permanecen intactos por la ley, escondidos detrás de compradores de paja y nombres falsos en los contratos de arrendamiento.
La explotación laboral es común, y las condiciones a veces son letales, se han documentado más de una docena de muertes de productores y trabajadores envenenados por monóxido de carbono.
La escala de la crisis es inmensa. Un análisis de imágenes de satélite que cubren miles de millas cuadradas del estado mostró una expansión dramática en el cultivo de cannabis donde la tierra es barata y las fuerzas del orden se extienden, independientemente de si esas comunidades permitían el cultivo comercial.
El auge acompañó a un cambio en la técnica de cultivo, desde cosechas anuales de parcelas al aire libre a grandes casas de aro cubiertas de dosel que permiten de tres a cinco cosechas al año.
El crecimiento explosivo ha tenido consecuencias graves y de largo alcance, según los registros estatales, del condado y los tribunales, así como entrevistas con decenas de residentes locales, productores de cannabis legales e ilegales, trabajadores, fuerzas del orden, analistas de mercado, activistas comunitarios y funcionarios públicos:
Los cultivos fuera de la ley han exacerbado la violencia relacionada con el cannabis, provocando tiroteos, robos, secuestros y, ocasionalmente, asesinatos. Algunos residentes rodeados dicen que tienen miedo de aventurarse en sus propias propiedades.
Los trabajadores a menudo se encuentran en condiciones miserables y peligrosas y con frecuencia son engañados por los salarios. Solo en cuatro condados desde la legalización, el monóxido de carbono de generadores y braseros de carbón ha matado a siete trabajadores mientras trabajaban o trataban de mantenerse calientes en invernaderos sellados en granjas ilegales, y ocho más dentro de edificios inhabitables, muestran los registros del forense.
El cultivo intenso está causando daños ambientales no medidos. Millones de galones de agua se están desviando en un momento de sequía severa, sacados de los acuíferos incluso cuando los pozos de los propietarios locales se secan. Se han desplegado fertilizantes químicos no verificados, junto con pesticidas prohibidos y letales.
La inmensa escala del cultivo ilegal alimentó un exceso que desplomó los precios al por mayor el año pasado, poniendo en peligro incluso a los del mercado con licencia. Los agricultores legales a pequeña escala que no pueden vender su cultivo han sido empujados hacia la ruina financiera.
El argumento para la Propuesta 64 se centró en los grandes beneficios: el fin de las leyes de posesión de drogas que penalizaban a los pobres y a las personas de color, y la creación de un mercado comercial que en 2021 generó 5.300 millones de dólares en ventas gravadas.
Pero California no abordó la realidad de que despenalizar una industria ilegal vasta y altamente rentable abriría la puerta a un grupo global de criminales organizados y oportunistas.
Para aquellos que eluden impuestos y la regulación, la reducción de las sanciones penales incluidas en la Propuesta 64 redujo el costo y el riesgo de hacer negocios.
Aunque no existen datos duros sobre el tamaño del mercado ilegal, es indiscutiblemente muchas veces más grande que la comunidad con licencia. Un análisis de las imágenes de satélite muestra que las operaciones sin licencia en muchas de las áreas de cultivo más grandes de California, como partes de los condados de Trinity y Mendocino, superaron en número a las granjas con licencia en hasta 10 a 1.
El condado de Butte, en el extremo norte del Valle Central del estado, intentó prohibir el cultivo comercial, pero el área cubierta por invernaderos de cannabis en Berry Creek se disparó un 700 % en cinco años. Devastado por incendios forestales, no se reconstruyen casas, sino el plástico brillante de los invernaderos que brillan entre los esqueletos negros carbonizados del bosque.
Ni la prohibición ni la falta de agua disuadieron a los productores ilegales de levantar casas de aro en las arenas desérticas del Valle de Lucerna, donde el estado mapeó 13 parcelas de cannabis antes de la legalización y se encontraron el año pasado 935 invernaderos. La campaña del sheriff del condado de San Bernardino no es suficiente, en 12 meses arrasaron más de 8.200 invernaderos, pero se ha hecho poco para hacer frente a la crisis.
Los esfuerzos de aplicación contra el mercado ilícito se extienden a través de una variedad de agencias estatales con recursos insuficientes y prioridades muy diferentes. Siete años después de que los reguladores del agua se prosiguieran a mapear y medir el impacto del cultivo de cannabis en California, el trabajo sigue sin terminar.
La legalización del cannabis recreativo dio paso a una industria multimillonaria que se estima es el mayor mercado de cannabis legal del mundo. Pero muchas promesas de la legalización han resultado esquivas y uno de los mercados más perjudiciales para los gobiernos es el mercado gris.
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