La discusión sobre la regulación del cannabis en México ha cobrado relevancia en el escenario político nacional e internacional. La decisión del año pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el consumo recreativo de cannabis avivo un debate profundo sobre las políticas de drogas en el país y cómo abordar este tema de manera efectiva.
La evolución del debate sobre la regulación ha sido una saga marcada por la lucha judicial y los avances legislativos incompletos. Desde las decisiones pioneras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta los esfuerzos parlamentarios para elaborar una legislación integral, el camino hacia una regulación efectiva ha estado lleno de obstáculos y desafíos.
La intervención de la SCJN ha sido fundamental para llevar el tema de la regulación del cannabis al centro del debate público. En 2018, la Corte emitió una serie de sentencias declarando inconstitucional la prohibición del uso personal de cannabis, estableciendo así un precedente vinculante para el Congreso mexicano. Sin embargo, el proceso legislativo posterior estuvo marcado por aplazamientos, disputas y presiones externas, especialmente de intereses corporativos extranjeros, que tardaron 3 años en resolverse.
Los esfuerzos legislativos en el Senado y la Cámara de Diputados reflejaron un intento genuino de crear un marco regulatorio que abordara no solo la legalización, sino también los aspectos de justicia social y derechos humanos. Sin embargo, la influencia de la industria canadiense y estadounidense en el proceso parlamentario resultó en una legislación que beneficiaba principalmente a grandes corporaciones, dejando de lado las preocupaciones fundamentales sobre equidad y participación comunitaria.
La falta de acción concreta en el Congreso después de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) emitida por la SCJN ha generado incertidumbre y continúa exponiendo a los consumidores a riesgos legales y prácticos. La lentitud en la emisión de permisos por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la persistencia de la criminalización en el Código Penal Federal son obstáculos que deben abordarse de manera urgente.
Es imperativo que el Congreso retome este tema con seriedad y prioridad en sus agendas legislativas. La regulación del cannabis no solo proporcionaría certeza jurídica a los usuarios, sino que también contribuiría a combatir el tráfico ilegal de drogas y sus consecuencias nocivas. La promoción de la justicia social, la paz y la libertad debe ser el eje central de cualquier marco regulatorio que se proponga, alineado con los compromisos internacionales y el desarrollo nacional.
En este contexto resulta muy interesante las posturas de los candidatos a la presidencia. Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, ha abogado por la regulación como alternativa al modelo prohibicionista. Enfatiza la importancia de etiquetar los productos para brindar transparencia a los consumidores sobre lo que están adquiriendo y las cantidades permitidas. Considera que la regulación no solo proporciona mayor claridad, sino que también ofrece un enfoque más racional y eficaz para combatir los problemas asociados con el mercado negro y el crimen organizado.
Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ha expresado su apoyo a la regulación del cannabis en el pasado, destacando los fracasos del enfoque prohibitivo y la necesidad de establecer reglas claras para su consumo. Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, respaldó la decisión de la SCJN de despenalizar el consumo recreativo de cannabis en 2021, enfatizando la importancia de no criminalizar a los jóvenes consumidores y abordar la violencia asociada con el mercado ilegal de drogas, si bien se han mantenido al margen durante sus campañas de no tocar el tema, si lo hicieron anteriormente.
A nivel mundial, el debate sobre el cannabis también ha adquirido un carácter político. Mientras algunos países han optado por políticas de legalización o despenalización, otros mantienen restricciones más estrictas. Esta diversidad de enfoques refleja la complejidad del tema y la necesidad de encontrar soluciones equilibradas que consideren aspectos de salud pública, seguridad ciudadana y regulación efectiva del mercado.
La regulación del cannabis no es solo un asunto de política, sino también una cuestión de salud y bienestar social. Proporcionar información clara sobre los riesgos y beneficios del consumo de cannabis es fundamental para tomar decisiones informadas y diseñar políticas efectivas. En un país como México, donde el problema del narcotráfico ha generado una crisis de seguridad, la regulación del cannabis podría representar un paso hacia adelante en la búsqueda de soluciones más pragmáticas y humanitarias.
En última instancia, la discusión sobre el cannabis en México trasciende las fronteras políticas y exige un enfoque integral que tenga en cuenta las diversas perspectivas y experiencias. En la nueva administración legislativa, es fundamental que los representantes del pueblo mexicano prioricen la discusión y aprobación de una ley de regulación del cannabis integral y equitativa. Solo así se podrá avanzar hacia políticas más inclusivas y efectivas que beneficien a toda la sociedad. Es momento de avanzar hacia estrategias más efectivas que protejan la salud pública y promuevan la seguridad ciudadana en nuestro país. La regulación del cannabis podría ser un primer paso en esta dirección.