Este junio se cumplen cinco años de la promulgación de las reformas que posibilitan el uso médico y científico de cannabis en nuestro país. La cannabis medicinal en México es una realidad legal desde 2017, ese año fue aprobada como tal en la Ley General de Salud (LGS), que tiene un alcance federal.
Incluso, la constitución de la Ciudad de México reconoció al cannabis como parte del derecho a la salud de los capitalinos, si bien dispuso que solo podría ponerse en práctica una vez que los ordenamientos federales fueran actualizados, cosa que apenas sucedió el 12 de enero de 2021 con la publicación del reglamento correspondiente en el Diario Oficial de la Federación ¡cuatro años después de promulgadas las reformas a la LGS!
Sin embargo, dicho reglamento no ha tenido una incidencia relevante en la práctica clínica de la mayoría de los médicos mientras que, como país, no hemos logrado crear una industria nacional de cannabis con este grado de excelencia. No existe investigación formal sobre ella hasta el momento, ni producción nacional de medicamentos derivados de las reformas mencionadas.
Lo anterior se debe, en buena medida, a las restricciones que la propia ley impuso, tanto a la investigación y la prescripción, como a la producción de cannabis con esos fines. La legislación deberá generar garantías a los mexicanos con respecto a las muchas formas de uso que tiene actualmente, tanto las tradicionales como las nuevas, además de posibilitar que los productos en el mercado estén correctamente registrados y sean seguros para consumo humano.
La ley restringe los componentes naturales de la planta para centrarse principalmente en el CBD (cannabidiol), lo que limita sustancialmente la variedad de productos legales disponibles. La ley también se refiere exclusivamente a medicamentos, es decir, a productos farmacéuticos cuyas especificaciones, pruebas y ensayos son muy estrictas con respecto a componentes y proporciones. Del mismo modo, impone controles para que los propios médicos puedan prescribir tales medicamentos.
Es así que, bajo la ley actual, los medicamentos de cannabis que pueden usarse en México son muy pocos, todos deben ser importados (algo que añade trámites extra para poder adquirirlos) y sumamente caros, al menos para la mayoría de la población.
Por ello, no extraña comprobar que, a pesar del interés y del incremento del número de mexicanos que usan cannabis con propósitos terapéuticos, estos lo hagan a través de canales y productos informales o artesanales, y no a través de medicamentos formales. En realidad, la planta tiene mayor uso como remedio herbolario, -o como un fitofármaco-, cuyas características hacen más difícil la producción y la variedad de los medicamentos que contempla nuestra ley.
Tales circunstancias han tenido como resultado que nuestro mercado de cannabis medicinal se encuentre pletórico de preparados artesanales -comestibles, ungüentos, vaporizadores, etc.- que no están contemplados en la ley ni en el reglamento correspondiente. Dado que tales mercancías se encuentran en una zona legal gris, los pacientes tienen poca certeza de la calidad de los productos que encuentran en el mercado.
Convendría, en consecuencia, ampliar los alcances de la legislación actual con el fin de alcanzar algunos objetivos fundamentales para aprovechar al máximo el potencial de la planta, y para complementar el esquema de medicamentos que se tienen hasta ahora. Se trata de contar con más opciones, -sean medicamentos o fitomedicamentos- que no deberían ser excluyentes uno de otro. Se trata, a fin de cuentas, de hacer accesible el cannabis con fines médicos a un número mucho mayor de mexicanos. Para ello, se precisa:
- Regular y posibilitar el registro de productos y derivados de la cannabis que no necesariamente sean medicamentos de grado farmacéutico (por ejemplo, los suplementos alimenticios).
- Fomentar la información básica que requiere cualquier paciente para elegir el tipo de cannabis y cannabinoides que más le puedan ayudar, así como la presentación que más le pueda convenir según su padecimiento.
- Reconocer la investigación clínica empírica y cotidiana de la práctica médica, para incorporar las mejores prácticas a esquemas de salud pública, especialmente si consideramos que el acceso a la cannabis forma parte también del derecho a la salud de toda la población.
Todo ello, más la capacitación constante del personal en los sistemas nacionales de salud, permitirá un óptimo aprovechamiento de las propiedades medicinales de la Cannabis sativa y el desarrollo de investigación e industria nacional que beneficie tanto a la población como a las empresas farmacéuticas mexicanas, que bien merecen un nuevo impulso.
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