El pasado 01 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno y de los 75 minutos que duró el evento, apenas dedicó 28 segundos al tema migratorio asegurando que “…no se han violado derechos humanos de migrantes”. Su discurso fue consistente con todas las veces que ha nombrado el tema en sus tres años de gestión, demostrando un abismo entre lo que el presidente quiere que sea y lo que es.
En tres años el gobierno de México ha facilitado acciones binacionales de contención con el gobierno de Estados Unidos, sin importar que contravienen la legislación nacional e internacional; ha desplegado a 27 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y sur a realizar revisiones migratorias; ha dado independencia, en la práctica, al Instituto Nacional de Migración (INM) quien ha actuado con impunidad, al margen de la ley y sin sanciones reales ante la negligencia y violaciones que comete, costando la muerte de personas migrantes –incluida niñez; ha puesto en riesgo la salud de la población migrante en medio de una pandemia mundial; ha dejado en situación de calle a miles de migrantes ante la falta de respuestas o dilación de trámites para su regularización migratoria; no ha reparado el daño a las familias de los migrantes asesinados en la masacre de Camargo; y sigue sin investigar más de 6 mil casos de secuestros, violaciones y otros delitos violentos en contra de migrantes. Decir que se respetan los derechos, es demasiado.
El 20 de diciembre de 2018, aceptó el Protocolo “Quédate en México”, el cual regresó en dos años a más de 72 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano en condiciones precarias, víctimas de secuestros, extorsiones, violaciones, y muerte, perpetrados por agentes del INM, diversas corporaciones policiacas y el crimen organizado.
El 15 de mayo de 2019 se reporta la muerte de una niña guatemalteca al interior de la estación migratoria “Las Agujas” de la Ciudad de México y se resuelve que es resultado de una negligencia médica por parte de los agentes del INM. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la Recomendación 77/2019 .
El 21 de marzo de 2020, acepta la expulsión de personas migrantes centroamericanas desde Estados Unidos. En agosto de 2021 , como parte de esa medida acepta la expulsión vía aérea a estados del sur de México, el INM y la Guardia Nacional traslada a las personas a la frontera con Guatemala por puntos no establecidos para las deportaciones, sin informar a las personas sobre su derecho a solicitar asilo en el país u opciones para regularizar su situación migratoria.
El 27 de marzo de 2021, una mujer refugiada salvadoreña fue sometida con uso excesivo de la fuerza por cuatro elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo, provocándole la muerte.
El poder judicial tambien ha fallado para que la población migrante acceda a la justicia. En el contexto de la pandemia, se promovieron diversos amparos para proteger la salud de las personas migrantes. Jueces federales resolvieron diversas acciones dirigidas principalmente al INM, que no ha cumplido y no hay sanciones. La Fiscalía General de la República sigue sin investigar los más de 6 mil 300 eventos violentos que han vivido personas migrantes y solicitantes de asilo regresadas a México bajo el Protocolo “Quédate en México” y Título 42. Mientras que desde el 2018 las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente al menos 3 temas para su análisis sobre la constitucionalidad de las revisiones migratorias en carretera; la constitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en la contención migratoria de personas que no son delincuentes sino que buscan protección; y la participación del Estado mexicano en políticas contrarias a nuestra Constitución, como el Protocolo “Quédate en México”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido más de 5 Recomendaciones al INM y la Guardia Nacional, entre otras cosas, por la muerte de personas migrantes debido a la negligencia en la atención a su salud al interior de las estaciones migratorias; el uso excesivo de la fuerza en los eventos de detención; condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias y violaciones al derecho a la salud, a la integridad, a la información, al trato digno y al interés superior de la niñez. Instancias internacionales de la ONU y la OEA han llamado al Estado mexicano a proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección frente a diferentes hechos violentos que han ocurrido.
Mientras que hace unos días en su conferencia matutina señaló que “el propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste, porque permitir la introducción por completo al territorio significan muchos riesgos…sobre todo en la frontera norte…”, al referirse a la población migrante que se encuentra en Tapachula, la mayoría haitiana, y que ha salido en busca de oportunidades laborales después de esperar meses por una respuesta a sus necesidades de protección y regularización migratoria. El presidente perdió de vista que muchas de estas personas no quieren llegar al norte del país y que cuentan con documentos de regularización migratoria en el país, pero no tienen trabajo para poder subirse a un autobús o avión y minimizar los peligros, mientras que el impacto de la contención las ha colocado en riesgo de violencia por parte del INM, los videos e imágenes que circulan así lo demuestran.
Cerrar los ojos ante los hechos solo los hace más evidentes.
