Este miércoles se espera que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote sobre un caso en contra de la política migratoria mexicana de aceptar a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus casos en los tribunales estadounidenses. El Protocolo de Protección a Migrantes, conocido como “Quédate en México”, nunca tuvo un objetivo protector, por el contrario, fue uno de los cientos de programas iniciados por la administración Trump para disuadir la migración hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El programa fue negociado en el periodo de transición de la administración de Andrés Manuel López Obrador y aceptada en un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una carta enviada a la embajada de Estados Unidos en diciembre de 2018. Posteriormente fue ampliado, cuando el Consejero Jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, firmó el acuerdo suplementario en Washington, D.C. en junio de 2019.
Organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos hicieron lo posible para convencer al Estado mexicano que no entrara a un programa que claramente violaba la ley de asilo estadounidense y sería violatorio de los derechos al debido proceso y la no devolución de los marcos normativos de ambos países. Explicamos que al momento de que México recibiera a solicitantes de asilo estadounidense, el gobierno mexicano tendría que garantizarles protección –integridad física, información, una estancia migratoria regular, acceso a vivienda, a empleo, a salud y a educación. Además, argumentamos que no tenía sentido que un país con tantos recursos como Estados Unidos dejara en situaciones de vulnerabilidad a personas con necesidades de protección, cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tenía a personas solicitando asilo en México con recursos limitados para su protección.
Como la mayoría de las decisiones en el tema migratorio, México decidió participar por razones políticas a pesar de las violaciones al marco normativo y la evidencia empírica. Nunca publicó la política migratoria en el Diario Oficial de la Federación por lo que se desconocía los pasos que se deberían seguir con esa población obligada a esperar del lado mexicano. Lo que las organizaciones pudieron observar es que el Instituto Nacional de Migración (INM) recibía a las personas y les entregaba una visa de turista por razones humanitarias con una vigencia ligada a su próxima cita en las cortes estadounidenses. A partir de ahí las organizaciones de México y Estados Unidos daban asistencia a esa población, a través de los albergues, de comida, servicios de salud, apoyo para llenar formatos y llegar a la frontera para sus citas.
El resultado ha sido el más devastador en términos de trauma humano y resultados legales. Human Rights First documentó más de mil 544 casos de actos violentos denunciados públicamente en la primera etapa del programa “Quédate en México”, entre enero de 2019 y enero de 2021, de los cuales el 90% fueron contra mujeres y sus familias; y entre enero y agosto de 2022 (en la segunda etapa del programa), de las 2 mil 699 entrevistas revisadas, 41% de las personas reportaron ataques en México, incluyendo secuestro, violación y tortura. La policía mexicana, los agentes del INM, elementos de la Guardia Nacional y otros funcionarios fueron identificados como responsables en el 36% de los ataques violentos.
Desde que asumió la presidencia Biden, en enero de 2021, ha intentado terminar con el programa, que ha sido descrito por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como un programa con “defectos endémicos que impone costos humanos injustificables” y que tiene “problemas inherentes…que ninguna cantidad de recursos puede arreglar”. Finalmente, en agosto de 2022, Biden logró terminar con el programa, pero aún hay personas afectadas en México que están esperando sus citas o que se quedaron fuera del programa en sus primeras etapas por razones de salud, falta de recursos, porque el gobierno mexicano las llevó en autobuses a la frontera con Guatemala en un intento por deshacerse de ellas, entre miles de otras acciones de crueldad.
Como directora de una organización que representa a mujeres solicitantes de asilo y sus familias, apoyar a personas bajo “Quédate en México” ha sido traumático por la impotencia y peligro que ha representado. Junto con la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM iniciamos un litigio, en abril de 2019, en contra de la participación del Estado mexicano en el programa. El proceso pasó por lo mismo de siempre (sobreseimientos, desistimientos, desechamientos y su correspondiente revisión) hasta llegar a la SCJN en febrero de 2020. Mientras esperamos una sentencia, hicimos lo posible para ayudar a las mujeres que habían sido violadas y secuestradas, representamos casos de asilo, pero también coleccionamos recibos bancarios de familiares que habían pagado rescates, videos con personas migrantes gritando agachados en el piso con pistolas en su cabeza, presentamos denuncias penales, escribimos cartas, tomamos testimonios y nos quedamos más afectadas por la violencia que documentamos. Yo me quedo con la imagen de una mujer que resultó embarazada por una violación en Monterrey, y debido a todas las complicaciones del trauma que vivió su caso en la corte estadounidense fue declarado abandonado -así trata México a las personas huyendo de la violencia de sus países que buscan protección.
Por lo que este miércoles esperamos que la SCJN vote sobre la participación de México en la política migratoria “Quédate en México”. El proyecto publicado no llega a un análisis de fondo de las violaciones constitucionales cometidas, pero confiamos en que reconozca las mortales omisiones del gobierno mexicano y ordene protección inmediata para las personas afectadas.
