El pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que podría parecer un tema menor en la agenda política pero que trastoca temas del estado de derecho, la discriminación, la xenofobia y el racismo que existen en México. Se trata de las revisiones migratorias que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración (INM), con el apoyo de otras autoridades, para detener a personas dentro del país.
Si has viajado en autobús, de sur a norte de México, seguramente habrás visto algún retén en el cual se suben autoridades migratorias y solicitan documentación a personas que determinan a simple vista que podrían ser extranjeras. Si eres mexicana o mexicano también sabes que la Constitución te protege de la discriminación y que los agentes migratorios solo tienen facultades para revisar documentación a personas extranjeras, no a mexicanas como tú. Entonces, la pregunta es ¿cómo saben los agentes de migración quién es una persona extranjera y quién no a simple vista? La respuesta es que es imposible saber y que los agentes del INM utilizan perfiles raciales y discriminatorios para detener a personas que, según ellos, “parecen extranjeras”. Estas prácticas resultan en detenciones de personas mexicanas, principalmente indígenas, porque según los agentes de migración “parecen guatemaltecas”, o afromexicanas porque “parecen cubanas o haitianas”, resultando no solo en la detención sino hasta deportación de personas mexicanas indígenas y afrodescendientes a países como Guatemala, Cuba y Haití. Es como si los agentes migratorios estadounidenses estuvieran revisando las identificaciones de las personas en el metro de Nueva York tratando de discernir quién es extranjera y quién no.
Esta práctica viola la Constitución mexicana. Desde 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó dos recomendaciones sobre la inconstitucionalidad de la práctica y en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional. El caso que llegó a la Corte se trató de tres jóvenes indígenas tzeltales mexicanas de Chiapas (dos mujeres -una menor de edad al momento de la detención, y un hombre) que fueron detenidas por el INM en un retén en Querétaro en 2015. Fueron detenidas 8 días en una estación migratoria en su propio país. Después de cuatro años de incidencia y litigio, en 2019, el Comisionado del INM, Francisco Garduño, dio una disculpa pública a la comunidad indígena de Chiapas comprometiéndose a la no repetición. La práctica ha continuado. Desde la publicación de la sentencia de la SCJN en mayo de 2022, los casos de mexicanas y mexicanos detenidos por las autoridades migratorias han seguido porque, según el INM, el Congreso mexicano aún no ha derogado los artículos de la Ley de Migración que contravienen esta práctica.
Unos días después de la sentencia de la Suprema Corte se prepararon varias iniciativas en la Cámara de Diputados y una en el Senado para derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que fueron declarados inconstitucionales. Sin embargo, a petición del Ejecutivo se cambió la iniciativa y en vez de derogar los artículos, se agregó un párrafo que estipula que el INM va a seguir un protocolo para realizar las revisiones migratorias sin discriminar. La iniciativa es inconstitucional por sí misma porque no existe ningún protocolo que pueda instruir a un agente migratorio a determinar quién es de nacionalidad mexicana y quién no a simple vista. Tampoco pueden pedir identificación a todas las personas en los retenes porque es inconstitucional que el INM pida identificación a las personas mexicanas, así lo dice nuestra Constitución.
¿Qué mensaje envía esta iniciativa a la comunidad indígena y afrodescendiente en México sobre su acceso a la justicia y el estado de derecho? ¿Cómo puede la Cámara de Diputados poner los intereses de contención migratoria en México por encima de los derechos fundamentales de la población mexicana? ¿Cómo puede la Secretaría de Relaciones Exteriores participar en el grupo contra la xenofobia dentro del proceso de la Declaración de Los Ángeles de junio de 2022 mientras avala la discriminación en casa? Tal vez no tengamos respuestas, pero si el continuo de detenciones de personas mexicanas en estaciones migratorias en su propio país y potencialmente su deportación a un país que no es el suyo si el Senado avala esa iniciativa.
Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
