El presupuesto del sector público para 2020 se aprobó hace algunos días. Se tiene previsto un gasto público total para el año próximo casi igual, en términos reales, al del año en curso. Si se descuenta el efecto del incremento en los precios del año actual, lo que el conjunto de la administración federal gastará en 2020 implica un incremento de 0.8%, según se estima en lo aprobado por la Cámara de Diputados de la federación. El presupuesto se aprueba en un contexto de muy débil crecimiento económico. Las estimaciones de organismos financieros multilaterales, como el FMI, de algunas de las calificadoras de riesgo y de varios de los mayores bancos que operan en México sobre el comportamiento de la economía del país son a la baja. Los resultados de la encuesta mensual que aplica Banco de México entre instituciones de análisis, departamentos de estudios económicos y consultarías económicas del sector privado correspondientes al mes de noviembre arrojan un crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2019 de 0.04%, una revisión a la baja con relación a lo estimado el mes previo. Además, se revisa a la baja el comportamiento del PIB para 2020, situándose en 1.08%.
El gasto público representa más de una quinta parte del PIB. Según los Criterios de Política Económica para 2020 (CGPE2020) equivale a 23.8% del PIB en 2018 y a 23.3% en 2019. Como destacó líneas antes, en 2020 el gasto público no tendrá un crecimiento significativo, lo que en términos del PIB implica un peso ligeramente menor, de 23.1%. Es pertinente tener presente los datos consignados en los CGPE2020, en tanto lo aprobado por la Cámara de Diputados prácticamente no implica incremento alguno con lo enviado por la Secretaria de Hacienda. Así, el presupuesto público acompaña al comportamiento de la economía y su mínima reducción en comparación del tamaño del PIB implica que no se utilizará como un medio para modificar su comportamiento. En este contexto, los elementos que impulsen un crecimiento mayor de la economía deberán proceder de otros ámbitos.
Hay en el gasto público aprobado para 2020 un objetivo de modificar la distribución del ingreso. Se identifican grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad y se destinan recursos a estos sectores. Destacan el programa de adultos mayores, como también el de sembrando vida y el de jóvenes construyendo el futuro. Son recursos que permitirán mejorar las condiciones vida de muchas familias. Sin embargo, su impacto en la modificación de las condiciones de producción no está garantizado. El incremento en el consumo de diversos grupos sociales puede cubrirse importando alimentos, lo que demanda incrementos en las divisas para realizar estas actividades y no se refleja en aumentos significativos en el crecimiento del país. Descontando la dificultad que implica tener las divisas para realizar las importaciones, el problema que persiste es el aumento de la inversión para realizar las modificaciones en la producción.
Las cifras consideradas en el presupuesto 2020 para inversión no tienen incrementos importantes, descontando el caso de Pemex, con un aumento de 8.8%. El programa de infraestructura no contiene aumentos relevantes con fondos del sector público, por lo que su realización dependerá en gran parte de las inversiones del sector privado. Las cifras sobre el comportamiento de la inversión privada desde hace años no son particularmente positivas. En el informe de Banco de México correspondiente al tercer trimestre de 2019 se reporta una clara tendencia a la baja en construcción no residencial desde principios de 2016. También se documenta una disminución del financiamiento interno al sector privado no financiero, que se acentúa desde el tercer trimestre de 2018. El crédito vigente a las empresas privadas otorgado por la banca comercial tiene una clara tendencia a la baja desde comienzos de 2018. En suma, diversos indicadores que dan cuenta de la debilidad de la inversión, con el resultado de un muy pobre crecimiento económico.
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