La economía de México tiene años con débil crecimiento, altos niveles de informalidad laboral y una notable desigualdad en el ingreso. La inversión fija bruta tiene desde 2018 una tendencia a la baja y, años antes, desde 2015, un muy pobre incremento. En las décadas previas el coeficiente de inversión es apenas superior a 20%. En el inicio de la administración federal de Peña Nieto se firmó el denominado Pacto por México, que implicó la realización de un conjunto de reformas estructurales con el objetivo de impulsar el crecimiento económico con empleos de calidad, a partir de lo cual disminuiría la pobreza y la desigualdad social.
Años después, con el proceso de reformas en curso, incluso se realizaron estimaciones diversas sobre el comportamiento de la economía, sosteniendo que a partir de los cambios legales y la ejecución de las reformas existiría un crecimiento sostenido. Sin embargo, el cambio no se produjo.
Las reformas laborales, en materia educativa, en energía, en organización de la industria petrolera, en telecomunicaciones, en la banca de desarrollo no produjeron un cambio relevante en materia de inversión y de creación de empleo digno. Los hechos daban cuenta de una modalidad de comportamiento de la economía en la que se alcanzan bajas tasas de inflación, se organizan las finanzas públicas a partir del criterio del equilibrio fiscal, se mantiene la plena apertura en los movimientos internacionales de capital y sin embargo durante un tiempo crecieron los niveles de endeudamiento público.
En particular, aumentó la deuda de Pemex sin que se observaran inversiones relevantes en esas áreas. En un cierto momento se impuso el criterio de la consolidación fiscal y, con él, la ejecución de una política de austeridad que se prolonga hasta el presente.
Es en este contexto, con una recesión desde 2019, que cuenta con una disminución en la inversión privada, acompañada de una muy reducida inversión pública, que se presenta la pandemia, con sus medidas de aislamiento social. Las previsiones sobre el comportamiento de la economía en México han tenido correcciones a la baja, lo mismo por organismos financieros multilaterales, como por los departamentos de estudios de bancos globales y el propio banco central del país.
En la minuta publicada recientemente, relativa a la reunión de la Junta de Gobierno del banco central sobre política monetaria del pasado 25 de junio, se observa que las perspectivas sobre crecimiento en México se han deteriorado, existiendo estimaciones de una contracción del PIB mayores a 10%.
Además, se considera que la recuperación será lenta. Algún miembro de la Junta de Gobierno opinó que se está observando una recesión muy profunda, con una recuperación lenta y en forma de U. En la reunión se ponderó favorablemente lo realizado por el banco central, destacando la necesidad de mantener las medidas para otorgamiento de créditos y proveer liquidez. Sin embargo, el problema mayor es que la economía no se enfrenta a una compleja crisis cíclica. Menos a un simple choque externo producto de un incidente en materia de salud.
La emergencia sanitaria existe y también la recesión. Pero desde antes la economía no cuenta con condiciones para un crecimiento sostenido que incluya creación significativa de empleo decente y propicie la articulación entre los sectores productivos en el país, como el medio para lograr una relación internacional con diversas economías.
Por tanto, enfrentar la situación implica ejecutar políticas económicas que actúen en el espacio de la producción. Los programas sociales ejecutados no modifican el desempeño de la economía. La relación actual con la economía internacional es parte del problema. En estas condiciones debe revalorarse el tamaño del sector público y avanzar en la realización de inversiones y gastos en educación, salud, transporte urbano y en el territorio, investigación científica, telecomunicaciones.
Deben realizarse los estudios para establecer el tamaño de las necesidades y la ruta para poder resolverlas, incluyendo un ejercicio del gasto no sometido a la austeridad y el pleno uso de las capacidades de la banca de desarrollo.
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