Por una buena parte del siglo pasado, se consideró al mercado mexicano como un “corralito”, en donde los productores locales tenían todo el mercado para ellos, sin competencia externa. Esto es, si un consumidor quería algún producto, digamos bicicletas, estas debían ser producidas en México, y la importación estaba prohibida.
Ya en los ultimos13 años de la pasada centuria, se vio un cambio con la adhesión de México al GATT (hoy OMC), liberándose el requisito de permiso previo a las importaciones y la fijación de aranceles. Pero nació también la protección de industrias locales con la nueva Ley de Comercio Exterior.
Una de las industrias más protegidas en México en los últimos 30 años ha sido la del calzado, y siguen siendo ineficientes, con productos de mala calidad, y caros. Pero el gobierno los sigue “apapachando” a costa de los consumidores mexicanos. ¿Por qué? ¿Es acaso una industria emblema de México? ¿Es una industria generadora de muchos empleos? ¿Es estratégica? Y la respuesta a todas estas preguntas es ¡NO!
Por casi 50 años, durante el período del modelo de desarrollo económico denominado de “sustitución de importaciones”, que va de 1940 a 1986 más o menos, este sector (y casi todos los demás sectores) recibió del gobierno un mercado cautivo para sus productos. De tal manera que, sin apuros por la tecnificación, con precios elevados, y mala calidad, las empresas (desde las grandes hasta las chicas) podían producir con mala calidad, y aun así vendían, pues no había de otra.
Para cuando México buscó incursionar en un modelo nuevo de desarrollo, el de crecimiento hacia afuera basado en las exportaciones (en 1986), México empezó a generar empresas más competitivas. Esto generado principalmente por la apertura de sectores, aunque pegó fuerte a ciertos sectores poco productivos, como el de los electrodomésticos y el calzado. Los primeros prácticamente desaparecieron o fueron comprados por empresas extranjeras, trayendo a México tecnología, capital y “know-how”, hoy México es una potencia en producción de electrodomésticos. Los productores de calzado se apertrecharon y pidieron protección del gobierno bajo el argumento de que los otros países, en particular China, usaban prácticas desleales de comercio. La protección fue recibida en forma de aranceles compensatorios en las importaciones de calzado chino y brasileño de más del 125% sobre el valor de importación, generando así “pingües” ganancias para las empresas locales.
Los fabricantes arguyeron, en ese entonces, la falta de tecnología, de capital, precios altos de materias primas, etc. Pero que, si el gobierno los apoyaba con impuestos compensatorios y en unos años de protección, ellos se pondrían las pilas y podrían competir con todo el mundo. Pero, como muchas falsas promesas, no fue así, pues cada 3 o 6 años, conseguían extender la protección por otro período más, y así pasaron casi 30 años. Leyó bien ¡30 años de aranceles compensatorios!
Y aquí la pregunta es, ¿vale la pena proteger a una industria que ha probado (por decenios) ser ineficiente y cara? ¡Y algunos lectores, los más nacionalistas, dirían que sí! Pues hay que proteger nuestras industrias de la competencia desleal de otras partes de mundo a toda costa. Sin embargo, una protección tan prolongada, solo viene a ser una simple transferencia de ingresos, legal pero ilegítima, de las personas más pobres de este país a las personas de más alto ingreso. O sea, de los obreros que, a duras penas pueden comprar el calzado a sus hijos para que vayan a la escuela, a los dueños de las fábricas de calzado. De nuevo, una transferencia de rentas legal, pero ilegítima.
Algunos me dirán, pero hay microempresarios, como las denominadas “piquitas” en León Guanajuato ¡que deberíamos apoyarlos! Pero desgraciadamente, estas microempresas no aportan gran número de calzado al mercado nacional. Sin embargo, los empresarios multi millonarios si se montan en esta protección y solo buscan el mercado cautivo. A estos empresarios no les interesa competir, sino obtener rentas produciendo chatarra, ya que tienen al consumidor cautivo que tiene que comprar sus productos sí o sí. Y casi lo mismo pasa con otros sectores económicos que han sido protegidos por aranceles compensatorios en México.
¿A qué quiero ir con esto? Pues a demostrar un punto que ha sido pasado por alto en la legislación del comercio exterior mexicano, así como por el área de competencia económica. Si creo que se debe proteger el mercado mexicano de los ataques del exterior, pero con mediadas mesuradas y bajo ciertas circunstancias. No podemos proteger a empresas ineficientes sólo porque son mexicanas o de propietarios mexicanos. Se reconoce que existen condicionantes de mercado diferentes en diferentes países, pero no puede ser que el consumidor sea siempre el que pague el “pato” o el “ganso” o los platos rotos de tal situación.
Según la Ley de Comercio Exterior en México, una empresa o grupo de empresas pueden iniciar un proceso de prácticas desleales de comercio, pero atención, quién creen ustedes que va a defender la postura del consumidor en dicha diputa, pues si, el gobierno. Gobierno que tiene una reputación de apoyar a empresarios amigos y a grupos gritones. Exacto, nada menos que ¡El capitalismo de cuates puesto en una legislación! O ¿dónde está la Asociación de Consumidores de Calzado dando su parecer al respecto? ¿O la de consumidores de pañales desechables? ¿O la de acero? El gobierno no ha procurado por la formación de agrupaciones de consumidores para la defensa de sus intereses de grupo.
O sea que el consumidor está “frito” y tiene que aguantar, con su bolsillo, los dictámenes del gobierno, volviendo de esta manera los aranceles compensatorios en una medida legal, o de “jure”, en una que en esencia es ilegítima “de facto”.
Ha habido intentos por modificar la Ley de Comercio Exterior, pero obvio que no ha tiene apoyo, pues los empresarios beneficiarios con este esquema son los mismos que apoyan, con dinero, a campañas políticas y pagan favores. Aclarando amanece, no quiero decir que todos los políticos son corruptos, ni que todas las empresas son corruptoras, pero una legislación que pretende proteger el mercado, y que no tenga la representación de los consumidores está definitivamente mal. Según la literatura económica, el mercado lo definen la concurrencia de oferentes y demandantes, y la legislación en materia de comercio exterior en México sólo ve a los oferentes, en su competencia con otros oferentes de otros países, pero no a los demandantes de un producto en el propio mercado mexicano. De nuevo, este tipo de medidas puede ser legal, pero es ilegítima. Como dice el refrán mexicano, ¡lo que no es parejo, es “chipotudo”!
gc@nais.mx
gcanales33@hotmail.com
