El pasado 15 de octubre el Senado aprobó la Convocatoria para la elección de más de la mitad de los cargos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la federación. Así continúan los trabajos de cara a estos comicios.
Lo anterior, pese a que existen restricciones para el INE, ya que por mandato judicial no se puede continuar con los trabajos de preparación de la elección, puesto que hay suspensiones temporales por incidentes de suspensión.
Esto sólo perjudica la a propia la elección, dónde los tiempos de trabajo son muy acotados y el Instituto no tenía prevista dicha actividad, ni el presupuesto necesario para garantizar temas como el voto por internet, voto anticipado y en prisión preventiva o, incluso, las formas en que podrán votar desde el exterior.
No obstante, algunos de los retos más importantes se encuentran en temas aún más complejos. Aquí algunos ejemplos:
La convocatoria estableció el número de cargos a elegir: 881 personas juzgadoras -bajo el criterio de paridad-, lo que implica que en total sean 5,334 candidaturas tomando en cuenta el número de candidaturas por listas de cada poder, lo que supera las 2,873 candidaturas en 2024 ¡Casi el doble!
Por primera vez el registro de las candidaturas no lo hará el INE, sino el Senado, encargado de recibir las solicitudes de quienes quieran postularse. El Instituto se limitará a emitir un dictamen de elegibilidad de las candidaturas, es decir, determinar si cumplen o no con los requisitos para ser juzgador. Veremos cómo se hace.
Por otra parte, se encuentra el tema de la geografía electoral. Está tendrá que hacer compatibles los 32 circuitos judiciales con los 300 distritos electorales, con geografía diferente a las entidades federativas. Son siete circuitos los que tienen complejidades por colindar con dos o más estados y deberá garantizarse que puedan elegir conforme a los circuitos judiciales.
Otro gran reto está en las campañas, particularmente, en lo que pueden o no hacer las personas candidatas. Desde la modificación constitucional se estableció que no se podía recibir financiamiento público y privado, pero si pueden poner de su dinero para dar a conocer su trayectoria profesional y méritos. Esto deriva en una innecesaria regulación de fiscalización. Puesto que, si no hay financiamiento, no habría fiscalización, sin embargo, resultaría necesario fijar un tope del gasto a las personas candidatas. Además, de que se piensa en la fiscalización como la óptica de ver que no haya dinero ilícito, recursos públicos o financiamiento expresamente prohibido, pudiendo llegar a los casos de nulidad de una elección.
Además de lo anterior, será necesaria la revisión de las aportaciones en especie. Esto derivado de que existe la prohibición de contratar, mas no de adquirir tiempos en radio y televisión o, incluso, contratar -pautar- propaganda en redes sociales y plataformas digitales. Toda la propaganda deberá ser en papel.
Otra vez -como en 2014- se elimina la parte de adquirir tiempos o espacios, lo que abre la puerta a la donación, disfrazada de invitación a entrevistas en radio y tv. Este debería contarse como una aportación.
Quizá el tema más preocupante es el de la integración y capacitación de las y los mexicanos que integrarán las casillas. Estamos frente a un proceso inédito, con una boleta diferente y nunca vista, que implica y un escrutinio y cómputo también inédito, sumado a las dificultades que representa la integración de casillas diversas.
Hay un desgaste de la ciudadanía para ser parte de las casillas. Llevarlos año con año a integrar estas autoridades corre ya un desgaste propio de la democracia. Costará más trabajo conseguir a las y los voluntarios.
Asimismo, están las siguientes dudas: ¿Cómo sería un voto válido y uno inválido? ¿las boletas tendrán el total de las candidaturas -en la SCJN son 81-? ¿sólo se vota por una candidatura o si son varias -en la SCJN son 9- se puede votar por el total de cargos?
El reto es grande y los tiempos muy cortos.
