El proceso electoral federal y los procesos locales aún no han concluido. Estamos en la etapa de declaración de validez de los resultados. Las diversas Salas del Tribunal Electoral (TEPJF) han recibido más de 500 impugnaciones sobre las elecciones de las 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa. La mayoría fueron presentadas por partidos políticos que conforme a los resultados de los cómputos distritales habrían perdido su registro.
El 1º de septiembre tendrán que tomar posesión 500 mujeres y hombres -en paridad, por cierto- que integrarán la próxima Legislatura. Con ello concluiría el proceso electoral 2020-2021 y se abre un espacio para pensar cómo mejorar nuestra democracia, donde uno de los principales retos es reducir los costos de los comicios.
Desde hace tres años se señala lo oneroso que es el INE y la organización de las elecciones en México. Se habla de la reducción de la burocracia y de eliminar privilegios de altos mandos. Si bien tienen en parte la razón, también lo es que se necesita revisar urgentemente el actual modelo de financiamiento público de los partidos políticos. Es ahí donde existe un gran boquete de recursos públicos y que hacen más cara la democracia.
De la revisión del actual marco legal se detectan algunos despropósitos legislativos. Del análisis de algunos temas trascendentes en esta rama, se puede destacar el ahorro de un 25% del monto que se destina tan sólo a nivel federal por concepto de financiamiento público a los partidos políticos. A nivel federal este año el financiamiento partidista fue de más 7 mil millones de pesos por concepto de actividades ordinarias y de procesos electoral.
¿Cómo reducirlo? Explico.
Una primera mirada nos llevaría a reducir el tiempo de las campañas y su financiamiento. Entre más duren más se gasta. Esto ayudaría a reducir el monto por concepto de campañas. Es decir, este año se gastaron más de 1,500 millones de pesos en ello. Reducirlas en una tercera parte sería ahorrarse, por ejemplo, 500 millones de pesos.
De la mano va la eliminación de cualquier financiamiento -incluidas las prerrogativas de radio y tv- que se les asigna a las precandidaturas únicas. Esto debe incluir cualquier intento de simulación que exista de procesos internos, dónde quede evidenciado que se beneficia a una candidatura en particular. Al no existir una contienda interna se debería evitar proporcionar recursos para que se promocione esa persona. En 2018 tuvimos tres de estos casos y, no solo estuvieron más tiempo en campaña - en radio y tv-, sino que también estuvieron gastando más.
De igual forma deberíamos replantear el gasto que se hace conforme al artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos que da puerta abierta a un doble financiamiento de los partidos políticos. Todos los años se le financia a nivel federal -una millonada- más lo que cada entidad federativa -a través de los OPL´s- les proporciona.
Por ejemplo, para 2021 el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de 594 millones para partidos, mientras que el Instituto del Estado de México hizo lo propio por 1,024 millones. Así se debe ir sumando lo de las 32 entidades: ¡Una barbaridad!
Incluso, habría que replantearse la pertinencia de mantener el financiamiento para franquicias postales y telegráficas. Hoy ésta forma de comunicación esta en desuso y resulta onerosa. Otro ejemplo, este año se designaron más de 210 millones de pesos bajo éste rubro. Por franquicia postal para cada partido fueron 17 millones.
Por último, convendría pensar en el gasto que realiza el INE en las representaciones tanto de los partidos políticos como del Poder Legislativo ante el Consejo General. En este año se aprobó un gasto de 137 millones para ello. Además, debemos considerar los apoyos subsidiarios destinados a las representaciones en los órganos de vigilancia, donde se les asignó más de 50 millones.
Tan sólo algunas ideas.
