Hace unas semanas la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del INE a emitir unos Lineamientos que normarán los procesos políticos en que se encontraban las distintas fuerzas para elegir a la persona que habría de representar -por decirlo de alguna manera- a los movimientos de cara a la elección presidencial del próximo año.
Más allá de lo tardío en que llegan estas reglas, está el problema de los vacíos legales y del fraude a la ley. Antes de que llegue la firmeza de los lineamientos concluirán los procesos políticos. Las directrices se encuentran impugnadas y no hay fecha de resolución -existen 4 impugnaciones que no se han resuelto (radicadas en el SUP-RAP-159/2023 y sus acumulados)-. Mientras que los procesos políticos estarán concluyendo el próximo mes. Así, del actual marco legal se podría desprender más de 100 días de actuar fuera de la ley.
Ahora bien, el mandato del tribunal fue claro para establecer que los Lineamientos debían regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda que se realice en los referidos procesos. Sin embargo, son reglas que todavía no están sub iudice y, por tanto, pendientes de cumplimiento. De tal suerte que podrán seguir promocionandose haciendo uso de la imagen del presidente a sabiendas de lo que ello implica, o en caso contrario, valiendose aún de los cargos públicos que ostentan.
Esto abre la puerta a otro problema mayor como lo es el uso indebido de recursos públicos en los procesos políticos. Aún no sabemos quien paga los espectaculares que rodean las ciudades, las pintas de bardas, gallardetes, pendones, etcétera. Total no hay reglas claras.
En ese sentido, cabe la pena reflexionar sobre la vulneración al modelo de comunicación política. Es decir, tenemos “representantes” de estos procesos que estarán en campaña por más de un año. Uno comenzó el primer día de junio de 2023 y las elecciones serán el domingo de junio de 2024: ¡365 días de campaña!
Si las elecciones fueran de lógica y si hubieramos aprendido de la elección presidencial pasada, hubieramos reformado la LGIPE para establecer que,
si en las procesos internos de elección de candidaturas se presentará sólo una precandidatura, estas automáticamente pasarían al registro y se les prohibiría hacer actos de precampaña, porque no hay propiamente precampañas. Así, nos ahorraríamos 60 días de precampañas inútiles dónde se promociona un solo candidato.
Hace seis años tuvimos promocionales con el mismo discursos pero dirigidos a los simptizantes y militantes de los partidos que integraban una u otra coalición (el horror de las precandidaturas únicas). Todo indica que, otra vez, vamos para allá.
Ojalá alguien se diera cuenta que la sobreexposición mediática también les puede salir contraproducente. Si la personas que ostenta la precandidatura resulta con alguna debilidad esta se potenciara con más días ante el ojo público.
En fin, nos acercamos a una reforma que habrá de atender estos temas y no caprichos sin sentidos
