Como se hizo costumbre todo sexenio debe impulsar una reforma electoral y este no será la excepción. A diferencia de los dos últimos mandatos, la reforma que viene se hará en el último trienio del gobierno y no en el primero. No habrá una elección intermedia para probar los cambios y ajustar aquello que lo necesite. Es decir, se probará hasta la elección presidencial de 2024: ¿Ingenuidad o malicia? En poco tiempo lo sabremos.
Una vez que concluya el proceso de revocación de mandato -con lo difícil que ha sido su implementación- se pondrá en marcha la reforma electoral. Con un resultado seguramente no vinculante, por no lograr una participación ciudadana del 40% del listado nominal, habrá una embestida en contra del INE y, de ahí el empuje para modificar las leyes y, por qué no la propia Constitución.
Así tendremos un periodo de sesiones (comienza en septiembre) con alta carga electoral. Además, tendrá muy cerca la renovación de la presidencia del INE y de tres consejerías (abril de 2023). En ese mismo año (noviembre) se elegirán dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF. Es mucho lo que está en juego. La reforma y las designaciones vienen en paquete. Ahí deberá estar la negociación.
El centro de la discusión será la austeridad en los procesos electorales y el costo de la democracia; en particular del INE y su funcionariado. Se dejará a un lado la innovación tecnológica como medida de ahorro y vanguardia, se propondrán retrocesos como la eliminación de autoridades electorales, se ignorará la actual asfixia financiera a la que son sometidas todos los Institutos locales electorales y, el propio INE; y se buscará mermar la autonomía técnica, orgánica y financiera.
Una reforma necesita análisis serios y sin sesgos. La norma per se no es perfecta, se necesita de ajustes para garantizar los derechos político-electorales. Por ejemplo, dejar de contar como parte del presupuesto del INE al financiamiento de los partidos políticos. En este año el 30% de este fue para los partidos políticos (6 mil millones de pesos). El Instituto solo los administra, pero no son para su presupuesto base o para su cartera institucional de proyectos.
Otro ejemplo es el régimen penal electoral. Otra vez vimos que los muertos participan, puesto que emitieron apoyos para la revocación de mandato, simulaciones -haciendo pasar otras identificaciones como credenciales de elector- o como hubo gente que no dio su apoyo aparece como que si lo hizo (25% de resultados en la visita domiciliaria).
Urge que estas conductas se tipifiquen y que en verdad se castiguen. Esto ha ocurrido en la constitución de agrupaciones y partidos políticos, para las candidaturas independientes y ahora para los mecanismos de democracia directa ¡terrible!
Urge una modernización. Dentro de la organización de las elecciones está pendiente transitar a un modelo híbrido que permita el voto por internet y presencial para aquellas zonas que no tengan la conectividad necesaria, así como pasar al modelo de capacitación del funcionariado a través de una APP y listados nominales digitales. Se ha dicho ya en el propio Consejo General del INE.
Por otra parte, debemos de pensar en una democracia más inclusiva en la cual se estipulen las acciones afirmativas en ley, así como la regulación de las precandidaturas únicas para evitar simulaciones y ahorro de recursos en esas campañas disfrazadas de precampañas, entre otras más.
Necesitamos focalizar lo que está ocurriendo con la revocación de mandato. Es tan sólo el comienzo de lo que pareciera no ser un año electoral, pero que tiene mucho tinte de ello.
