Una vez que pasó la jornada electoral del pasado 5 de junio parecería que la actividad político-electoral ha concluido. Lo siguiente debería ser el inicio de las campañas en las elecciones de Coahuila y Estado de México del próximo año, dónde elegirán a las personas titulares de las gubernaturas. Sin embargo, dista mucho de ser así.
Hay impugnaciones pendientes dada la cadena impugnativa (instancias locales y federales) faltaría un paso para proceder a la declaración de validez. Estaría por delante la toma de protesta de las autoridades que resulten electas. Así los procesos electorales de este año no han concluido.
Pero, parece que los tiempos se adelantan y que los actores también. Hay evidencia de que quienes aspiran a diversos puestos de elección que se renovarán en 2024 ya están enfocándose hacia allá. Principalmente de aquellos que esperan la sucesión de palacio nacional y las muchas gubernaturas que estarán en disputa.
Esto ha dejado en evidencia tanto el adelantamiento de tiempos como de la necesidad de que las autoridades electorales actúen a tiempo. Así, debemos estar atentos a los criterios que puedan emitir referentes a actos anticipados de precampaña y, sobre todo, al uso indebido de recursos públicos, ¿Con qué dinero se financian tantos eventos en el país?
Especial atención merece la fiscalización que se hagan el próximo año, así como de las precampañas presidenciales. No hay la menor duda de que los aspirantes irán a apoyar a las personas titulares de las candidaturas en Coahuila y Estado de México. Habrá desfile de personajes políticos. Al tiempo.
Sin embargo, el principal tema -de aquí a 2024- deberá ser la reforma en materia político-electoral. Si bien es cierto que los tiempos son muy apretados para que la propuesta de reforma constitucional envía por el Ejecutivo federal pasa tal cual, también lo es que no es imposible que en los próximos meses se llegue a un consenso de los temas y que así se realicen las modificaciones.
El reto será modificar la constitución en el próximo periodo ordinario de sesiones (septiembre-diciembre) y que en el siguiente periodo (febrero-abril) se expida la ley reglamentaria respectiva. Luce complicado, pero no imposible. Sobre todo, si tomamos en cuenta que todos los cambios legislativos deben estar listos antes de junio de 2023, fecha en que se cumple el plazo previsto en el artículo 105 constitucional para que no se reforma ninguna ley de la materia 90 días previos al inicio del proceso electoral, lo que ocurría en septiembre del 2023.
Otro tema significativo es las designaciones de las autoridades electorales. El Senado tiene pendientes designaciones de magistratura electorales locales y de cinco Salas regionales del TEPJF, las cuales se piensa podrían salir de la negociación de una eventual reforma. Pero, la joya de la corona -en materia jurisdiccional- serán las dos magistraturas que se desocuparán en la Sala Superior en octubre del 2023.
Además, de no hacer renovaciones totales y/o reducción en la integración del Consejo General del INE, el próximo abril se deberán renovar la presidencia y tres consejerías. En el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados deberá expedir la convocatoria para ello y ya suena la paridad en la integración y la alternancia de géneros en la presidencia.
Otro aspecto relevante es el plazo para presentar propuestas de temas para la realización de una eventual consulta popular, el cual vence el 30 de noviembre próximo. De aprobarse, tendría verificativo en agosto del siguiente año y sería justo antes de iniciar el proceso electoral presidencial 2023-2024, además, de que el periodo de difusión podría empatarse con las campañas de las entidades con elecciones el próximo año.
Las actividades electorales no cesan. Los temas político-electorales serán agenda prioritaria para los órganos legislativos federales. Veremos intensas discusiones y reacomodos políticos de cara un año lleno de actividad de esta naturaleza.
Que venga lo mejor para el país.
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