El mes pasado atestiguamos cómo hacer mal una reforma. No se respetó el proceso legislativo, no se escucharon a las voces disidentes y se usó todo el aparato gubernamental para cumplir caprichos. No del mandatario, sino del círculo cercano que trabajó el tema. Incluso, algunos temas técnicos que el Presidente consideró necesarios quedaron fuera, como el voto electrónico ¿y las consecuencias?
La propuesta de reforma fue tan mala tanto como el momento en que se presentó. Las intenciones era mermar al INE y adueñarse de él. El pretexto siempre fue terminar con la burocracia dorada y los altos salarios. Cosa que, por cierto, no pasó.
El desacierto fue tan grande que se tuvieron varios escenarios. El plan “a” del Ejecutivo que reformaba la Constitución y el “b”, por sí la voluntad del presidente no alcanzaba el consenso legislativo y sólo reformaría leyes generales. Su error fue no considerar a la oposición.
Al tratar de imponer la voluntad presidencial, se olvidaron de que, para reformar la Constitución necesitan la mayaría calificada de ambas Cámaras (2/3 partes), lo cual no tuvieron y; se conformaron con el escenario b, donde con la mayoría simple (50% +1) podrían reformar las leyes -lo alcanzaron Morena, PT y PVEM juntos-. Esto último ocurrió.
El plan “a” fracaso. Lo que causó enojo y una embestida en contra del INE y de la oposición, la cual encontró cauce en la reforma a las leyes generales.
Los fallos fueron tan grandes que, en sí, la reforma se considera uno de los grandes errores de esta administración. Violaciones al proceso legislativo, contiendas dentro de los altos perfiles del partido y los legisladores, así como turnar los dictámenes a comisiones unidad y que los conozcan las comisiones separadas hasta legisladores votando sin saber el tema (nada nuevo). Exhibición del abuso y atropello de poder.
Tal es el caso que el PVEM y el PT se dieron cuenta que en el dictamen de la Cámara de Diputados les habían quitado la cláusula de vida eterna, que les permitiría que los votos que se emitieron por Morena se enviaran a estos partidos hasta que alcanzaran el 3% de la votación y con ello no pierdan su registro ¡la tuvieron que subir en una reserva!
Abusos de ese tipo hay muchos. Basta ver las reservas aprobadas para evidenciar que no se leyeron bien los dictámenes y que tuvieron usar las reservas para evitar más errores. Por ejemplo, se proponía la eliminación de la Sala Regional Especializada de TEPJF, justificando dicha acción en iniciativas anteriores al año 2014, fecha en que se creó la Sala. Es decir, se hablaba de procedimientos especiales sancionadores distritales y centrales, un modelo no vigente desde hace 8 años.
Otro abuso fue el cerrojo a la creación de partidos políticos locales. Con la reforma se aumenta el número de militantes que se necesita para la creación de un partido de carácter local. Pasa del .26% al .52% del padrón electoral. El doble de lo actual.
Caso contrario lo que ocurre a nivel nacional. Se elimina el requisito de tener un mínimo de militantes para mantener el registro, con lo que, además, se alarga la vida de los partidos, pero, nacionales -más la cláusula de vida eterna-.
El tema más preocupante es los despidos del personal del INE. La retórica del gobierno se basaba en eliminar a la burocracia dorada del Instituto, como lo son las consejerías electorales. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, se despedirá a personal con los salarios más bajos, personal técnico-operativo de las oficinas locales y municipales, en algunos casos personal que gana entre 7 y 10 mil pesos al mes y se mantiene el número del alto funcionariado. Todo por no negociar.
¡Los despidos aprobados implica correr aproximadamente a 5 mil trabajadores!
Los hombres y mujeres que serán despedidos son parte de la profesionalización de más de tres décadas de vida del IFE-INE y ahora serían despedidos.
Así predominó la soberanía sobre la razón y el diálogo. Dejando como resultado un errático plan “b”, hecho al vapor. El cual seguramente tendrá su última palabra en lo que diga el Pleno de la SCJN.
