Más allá de la embestida gubernamental y los desacatos jurisdiccionales y administrativos para realizar propaganda a favor de la continuidad del presidente; el tema que nos debe ocupar, tratando de ir un paso adelante, debe ser las consecuencias que tendrá la revocación de mandato 2022.
Concluidos los cómputos distritales, lo que probablemente ocurra el lunes 11 de abril, se tendrá una coyuntura política compleja, por decir lo menos. Se verá el respaldo de la ciudadanía y se conocerá la reacción -ya esperada- ante los resultados. Se esperan meses de mucha presión para las autoridades electorales, quienes continúan trabajando para las elecciones locales del próximo junio.
Para analizar los posibles efectos debemos tener presente que la mayoría de la ciudadanía no ha perdido la confianza en el presidente -única causal reconocida para que sea procedente la revocación-. Además, de reconocer que la propia ley tiene candados para que los resultados sean obligatorios.
Así, este ejercicio tendrá, cuando menos, dos tipos de efectos. Los legales y los políticos. Los primeros serán las consecuencias que, conforme a la Constitución y la ley, tendrán los resultados de la consulta. Los segundos serán las reacciones políticos -en particular del partido en el gobierno- y las acciones que se realicen. Estás últimas son las que nos deben preocupar y ocupar desde ahora.
Existen dos elementos esenciales para que procedan los efectos legales. El primero es que la participación ciudadana sea de cuando menos el 40% del Listado Nominal. Esto se traduce así. Sin importar el resultado, se necesita que alrededor de 37 millones de mexicanas y mexicanos acudan a las casillas el próximo 10 de abril.
Resulta casi imposible, puesto que una elección intermedia -donde sólo se renueva la Cámara de Diputados- tiene más/menos esta asistencia y México no está acostumbrado a este tipo de mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, en la Consulta Popular de juicio a expresidentes acudieron 6.6 millones de personas ciudadanas, es decir el 7.1%. Aunque los 30 millones de votantes que lo hicieron en 2018 por el presidente lo vuelvan a hacer, no llegarían a los 37 requeridos.
Además, encontramos un segundo candado. Para que sea vinculante se necesita que el resultado sea por mayoría absoluta, es decir, el 50% de los votantes más (+) 1. Se necesita que aproximadamente 18.5 de mexicanas y mexicanos voten a favor de un sentido. En resumen, se necesita que sea más allá de que ganen por un solo voto.
Sólo cumpliendo estas dos condiciones se podría lograr la posible destitución del funcionario ¿complicado?
Los otros efectos son los políticos y los preocupantes. Una vez que no se logre la participación ciudadana requerida por la Constitución y la ley, se comenzará a repartir culpas de ello. Y desde el comienzo, el favorito para esas culpas es el INE.
Los argumentos que se intentarán utilizar irán desde la falta de promoción por parte del INE, la no instalación de más casillas, el querer utiliza una APP para recabar firmas y no el uso de formatos de papel; hasta el amago de juicios políticos a funcionarios electorales. Ya veremos el 12 de abril que se dice. Demos el tiempo.
Todo esto a sabiendas de que el Congreso pasó más de 450 días en omisión legislativa y de que la Ley Federal de Revocación de Mandato -hecha a prisas- tiene diversas oportunidades de mejora, el gran culpable será el Instituto. Así lo han dejado ver con la falta de ley, la falta de recursos para su realización, la obstinación de utilizar formatos de papel -así aparecieron apoyos de persona fallecidas- o con la flagrante promoción a favor a sabiendas de que la ley lo prohíbe.
Con ese escenario se irán contra las autoridades electorales en la próxima reforma electoral, la cual se prevé discutan en el próximo periodo de sesiones (septiembre-diciembre). Se llegará al absurdo de proponer desaparecer al INE y dejar que las elecciones las organice Segob como era en 1988.
El tiempo dirá. Ojalá que no.
