El pasado 28 de abril llegó a sede legislativa la propuesta de reforma electoral de este sexenio. Así se abre la tradicional reforma sexenal, dónde el gobierno y el partido en el poder tratan de impulsar aquellas situaciones que le beneficien en la renovación de la Presidencia. Siempre acontece así.
A diferencia de los sexenios pasados, ocurre en los últimos años del mandato y no en los primeros como ha sucedido. Se elimina la prueba de la reforma en las elecciones intermedias -las de 2021-. Se proponen cambios que se aplicarían directamente en las elecciones concurrentes de 2024.
El gran problema es la celeridad y falta de diálogo con que se pretenden aprobar modificaciones a 18 artículos constitucionales. Una vez aprobados se deberá expedir una nueva Ley única, es decir general, en un plazo de 90 días hábiles. Se pretende, además, que en este septiembre se aprueben las convocatorias para elegir a los integrantes de las nuevas autoridades electorales, para que, el primer domingo de febrero del próximo año se elijan popularmente.
Ello suponiendo que lograrían la reformar constitucional en un periodo extraordinario de sesiones y que, asimismo, lo aprueben 17 Legislaturas locales, antes de septiembre, fecha en que inicia el siguiente periodo de sesiones.
Así se olvidan aquellos esfuerzos políticos de conciliar, dialogar y escuchar a todas las partes para conseguir una reforma consensuada. Nos olvidamos de los Foros y Mesas de trabajo, quedó atrás los esfuerzos como las conocidas “mesas de Barcelona” de la reforma de 1994.
Aunado a que, de conformidad con el artículo 105 constitucional, no se pueden realizar modificaciones a las leyes electorales 90 días previos el inicio del proceso electoral, hecho que acontecerá en septiembre de 2023. Es decir, no pueden hacer modificaciones después de junio de 2023 ¡tengamos cuidado!
La iniciativa tiene como eje principal la reducción de costos, eliminar imparcialidades en las autoridades, nacionalizar la función electoral eliminando las autoridades locales, cambiar completamente el sistema electoral (conversión de votos en escaños), elección popular de los integrantes del Tribunal e Instituto, y un largo etcétera.
Tema a seguir deberá ser la eliminación de los representantes de mayoría relativa. No habría 300 distritos con sus respectivos representantes. No tendríamos que votar por una candidatura en particular para diputación federal. Votaríamos por una lista de candidaturas de los partidos sin posibilidad de mover su orden. Tendríamos una magnitud de distrito de 32, una por entidad federativa.
Sin embargo, no tendrían el mismo valor -umbral-. Este dependerá de la población de cada entidad. Se dejaría la posibilidad de que existan entidades como Colima con solo 2 diputaciones, mientras que el Estado de México podría tener hasta 40. Así habría entidades en las que la pluralidad y diversidad no llegue. Es posible que en Colima los partidos pequeños se queden sin representación, sus votos no servirían para nada. A diferencia del actual sistema donde les sirven sus votos en mayoría -aunque no ganen- para tener acceso a representaciones por representación proporcional.
Con la propuesta se entendería que sigue el principio de sobrerrepresentación, en el que ningún partido puede tener más 8 puntos porcentuales más que su porcentaje de votación. Pero, la propuesta no dice como aplicaría este principio.
Otro tema preocupante es la forma en que buscan la imparcialidad de los integrantes de las autoridades. Cada poder postularía listas de 20 personas -bajo el principio de paridad- para ocupar los siete lugares del INEC -autoridad que sustituiría al INE- y cinco de la Sala Superior. Sin embargo, no se dice sí será por el principio de representación proporcional - ¿para qué querríamos listas? -, o si serán lista abiertas donde la gente podrá elegir a los siete o cinco que prefiera, o si solo votaran por uno.
Peor aún, imaginemos que sea por lista cerradas y los primeros lugares de los propuestos por un poder sean los que lleguen. Serían todos los funcionarios electorales del Ejecutivo o del Judicial, por ejemplo. Coloquialmente, se la deberían a alguien ¿y la imparcialidad?
Son muchos los temas. Deseamos una reforma con una amplia y fundamentada discusión, con análisis y datos reales, no solo ocurrencias.
