La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado el primer paso para invalidar la reforma electoral del Presidente. Ya lo hizo con la primera parte y en semanas ocurrirá lo mismo con la segunda -si se mantienen firmes los criterios-. Será entonces cuando el plan b muera por completo. Sin embargo, no es el fin del tema.
Debe preocupar todo y no sólo los planes a, b c y todo el abecedario. Es el hecho de querer imponer una voluntad a fuerza y por la vía que fuera necesaria. Lo más inquietante es que ocurra sin diálogo, tolerancia, inclusión y como una imposición. El riesgo de hacerlo “porque lo digo yo”.
Lo peligroso del Plan C -que desde ahora está ocurriendo- es que, pese a que ya lo han anunciado, nadie está trabajando en combatirlo, mediarlo o si quiera contenerlo.
La pregunta es: ¿En qué consiste el Plan C?
El objetivo es claro, ganar la mayoría calificada en ambas Cámaras el próximo 02 de junio de 2024. En concreto, 334 diputaciones y 85 senadurías. Ya ni hablar de las nueve gubernaturas que estarán en juego y los más de 20 cargos públicos de todos los niveles.
¡La joya de la corona es la mayoría calificada en el Congreso de la Unión!
Hasta ahora la gran pérdida del gobierno fue en 2021 cuando la ciudadanía ejerció contrapeso y les quitaron mayoría en la Cámara baja. Gracias a las elecciones de ese año es que no se ha logrado modificar la Constitución.
Para conseguir la elección por voto popular de las consejerías del INE, de las magistraturas del TEPJF y de las y los ministros de la SCJN se necesita modificar la Constitución y no tienen lo votos suficientes en el Congreso de la Unión para hacerlo. De fondo se busca mover la Constitución a su antojo.
El Plan C fue anunciado y explicado en todas sus letras. Van por todas las mayorías que les permitan hacer las modificaciones que deseen.
Olvidémonos de ver en los próximos dos periodos legislativos iniciativas para hacer una reforma electoral. El proceso comicial inicia en septiembre y el artículo 105 de constitucional prohíbe hacer reformas 90 días previos al inicio del referido proceso. Es decir, se tiene hasta finales de mayo para ello. Algo que luce muy difícil.
Aunado a que el proceso hasta su fase de declaración de validez de la elección concluye en los últimos días de agosto de 2024 y, en septiembre de ese mismo año se instalarían las nuevas legislaturas de ambas cámaras. Además, el Presidente dejaría el cargo el 30 de septiembre, así lo dispuso la reforma de 2014.
Tiempos, los tiempos dicen mucho.
Así, debemos tener cuidado con tan peligrosa idea. No porque no se puedan hacer modificaciones a la Constitución, hasta el 8 de mayo de este año hay 253 Decretos de modificaciones y en lo que va de este sexenio hay más de 20 reformas, en un procedimiento que se cataloga como rígido. La intención es la peligrosa.
Otro tema que nos debe ocupar para las elecciones venideras es el uso de recursos públicos en las (1) pre-precampañas, en las (2) precampañas y en las (3) campañas. Debemos exigir el piso parejo para todas las fuerzas políticas y el no uso de recursos públicos en campañas y en promoción personalizada. Seremos testigos del uso indebido de recursos financieros, materiales y hasta humanos en toda etapa de promoción previo al día de la elección.
La intención fue anunciada. Hay muchos aspectos que contener y evitar. Será una labor titánica para las instituciones electorales; las cuales, por cierto, tendrán que demostrar que están a la altura de las exigencias de las y los mexicanos.
La advertencia está hecha: ¡Cuidado con el Plan C!
Analista de temas electorales
