Un INE doblegado ante el poder presidencial significaría una regresión histórica y lamentable en materia electoral. México regresaría a los tiempos de las elecciones de Estado, en las que predominaba el uso abusivo y ofensivo de recursos públicos, la propaganda gubernamental desmedida y los conflictos electorales permanentes.
Todos los avances logrados en décadas de esfuerzos conjuntos, entre la sociedad civil y el Poder Legislativo, se vendrían abajo si el INE se somete al Ejecutivo, cosa no vista desde que la Secretaría de Gobernación intervenía en la función electoral, con consecuencias funestas para la credibilidad de las elecciones.
La nueva presidencia del INE ha dado señales equívocas sobre su autonomía de cara al poder público, con nombramientos cuestionados por las y los consejeros y la réplica de la mal llamada austeridad republicana, lo que podría afectar el desarrollo de los procesos electorales.
Estas medidas palidecen ante el escándalo mediático que se suscitó el martes 25 de julio, cuando las y los reporteros de la fuente fueron recluidos en la sala de prensa, durante el transcurso de una reunión con gobernadoras y gobernadores de Morena. Trascendió que la presidenta del INE guardó un lamentable silencio ante las virulentas acusaciones vertidas, entre otras, en el sentido de que la autoridad electoral atenta contra la “libertad de expresión” del presidente.
López Obrador sigue violando de forma reiterada la Constitución y las leyes, revelando secretos bancarios, haciendo abierta propaganda a favor de sus corcholatas, y atacando salvajemente a la candidata puntera del Frente Amplio por México, usando todos los recursos del Estado. La hondonada de ataques presidenciales tiene como escenario privilegiado a las mañaneras y es parte de una larga cadena de imposiciones que buscan debilitar al máximo órgano electoral.
El recorte de casi 5 mil millones de pesos del presupuesto del INE para 2022 ha sido parte de una estrategia deliberada para destruir al máximo órgano electoral. A la fallida reforma constitucional electoral de 2022 votada en contra por toda la oposición, siguió la aprobación apresurada y desaseada del llamado Plan B. La reforma constitucional destruía al INE y a los tribunales locales y centralizaba la función electoral. Debido al rechazo unánime, se fraguó un plan que mermaba la estructura operativa del INE y de los órganos electorales locales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un importante dique de contención para evitar la destrucción del órgano electoral: invalidó la parte del decreto de Presupuesto que recortaba el presupuesto al INE y por mayoría se votó a favor de la invalidez del Plan B por severas violaciones al proceso legislativo. Por esta última decisión histórica, la Corte se ha visto bajo asedio mediático y bajo amenaza de juicio político contra las y los ocho ministros que votaron contra el Plan B.
La vergonzosa reunión con los gobernadores morenistas miembros de la CONAGO se convirtió, en realidad, en un linchamiento abierto hacia el INE, lo que demuestra a todas luces el afán destructivo de la Cuarta Transformación, así como la profunda animadversión a las reglas del juego democrático. Ante ello, la prensa libre, crítica e independiente, fue recluida para que no informara con veracidad y objetividad sobre el contenido y alcances de la reunión, de forma tal que los propagandistas del gobierno fueran los únicos que dieran la nota. Esta artera acción contra la prensa, es abiertamente violatoria de derechos humanos y propia de un Estado represor y autoritario, que oculta y manipula la verdad.
Para el país sería una tragedia perder a nuestro INE justo antes de que inicie el proceso electoral más concurrido e importante de los últimos tiempos. La contaminación de las elecciones federales de 2024 ha comenzado ya, con un derroche ostentoso de recursos para financiar recorridos de las corcholatas, pagar anuncios espectaculares que inundan las principales ciudades, avenidas y carreteras; con anuncios y bardas pintadas en puentes, pasos a desnivel, carreteras, escuelas, gasolineras, mercados y plazas públicas, y con un abusivo despliegue de anticipados actos de campaña.
Toda esta galería del horror que se da antes del inicio de los procesos electorales ha quedado impune, ante el silencio de diversas autoridades y ante la complacencia del habitante de Palacio. Estamos ante el riesgo de una elección de Estado en 2024, en la que al uso de los recursos del Estado mexicano se sumaría la inclusión de la delincuencia organizada para amedrentar, amenazar, torturar e incluso asesinar.
El presidente, quien llegó al poder por la vía democrática, ha hecho todo posible para anular esta vía y hoy, con sus acciones, dichos y omisiones, está pavimentando el camino para que quien se haga con el poder presidencial, lo logre a partir de trampas, manipulaciones y engaños. Esto no lo podemos permitir, porque de ello depende que México sea libre o que quede sometido a la cruel esclavitud de un régimen que basa su actuar en la mentira, la división, el resentimiento y el odio.
Gina Andrea Cruz Blackledge.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
