La incertidumbre generada por las actuales reformas constitucionales está sembrando una preocupación legítima y profunda entre las empresas de nearshoring en México. La propuesta de Reforma Judicial (RJ) plantea modificaciones alarmantes que comprometen gravemente la independencia del Poder Judicial y amenazan con debilitar la protección de los derechos de propiedad. Este ambiente de inestabilidad no sólo es perjudicial, sino que también tiene el potencial de provocar una reacción en los inversionistas internacionales, llevándolos a reconsiderar seriamente sus operaciones en la región.
En un país que depende en gran medida de la inversión extranjera para su desarrollo económico, esta situación es sumamente peligrosa y podría tener consecuencias devastadoras para la economía mexicana. En ausencia de contrapesos y reformas que brinden certeza jurídica, recientemente se difundió la noticia del cierre de las plantas COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) de Nissan y Mercedes, donde más de mil trabajadores se verán afectados, así como diversas empresas filiales que también cerrarán.
Estas decisiones empresariales y la disminución de la inversión extranjera ya han comenzado a impactar el nearshoring, evidenciando que los cambios políticos están afectando la economía, deteriorando los negocios y el empleo en México, además de minar la confianza de la inversión privada tanto nacional como extranjera.
Los contrapesos ofrecen garantías a ciudadanos y empresas; por lo tanto, la certidumbre jurídica es un factor vital que consideran los inversionistas. Asimismo, la certidumbre debería ser una constante en la nueva administración de Sheinbaum, ya que todo indica que la materialización de los proyectos de nearshoring se estaría afectando.
Las persistentes preocupaciones sobre la reforma judicial han exacerbado la volatilidad en los mercados financieros, contribuyendo a la caída del peso mexicano en las últimas semanas. Estas fluctuaciones no son meras coincidencias; reflejan el nerviosismo palpable de los inversionistas internacionales frente a la creciente incertidumbre política y legal en el país. La falta de claridad en las intenciones detrás de la reforma y su potencial impacto negativo en la imparcialidad del sistema judicial están minando la confianza en la economía mexicana. Es evidente que, sin una dirección clara y un compromiso real con la justicia y la estabilidad el país seguirá enfrentando turbulencias económicas.
Los jueces son independientes de presiones políticas cuando no son elegidos por el voto popular. Además, se ha planteado la preocupación sobre la creación de "diputados judiciales", un cuerpo que sometería a votación a sus integrantes, lo cual podría comprometer la imparcialidad del sistema judicial y minar la confianza en la administración de justicia en México.
Es crucial recordar que la reforma judicial no es simplemente un tema electoral, sino una prioridad personal respaldada por declaraciones favorables del presidente saliente y de la virtual presidenta entrante, Claudia Sheinbaum. Esta reforma ha generado inquietudes sobre su verdadero propósito: ¿es un esfuerzo por fortalecer la justicia o una estrategia para debilitar las investigaciones en curso relacionadas con las obras del presidente?
Eliminar el mérito en la selección de jueces y reducir la responsabilidad en su nombramiento debilita su independencia y pone en riesgo nuestra democracia. En un país con altos niveles de impunidad y falta de certeza en numerosos aspectos de la vida nacional, el gobierno de la presidenta electa Sheinbaum comienza su mandato con esta decisión fundamental que definirá su sexenio y el futuro de las y los mexicanos.
La próxima presidenta y su partido, Morena y aliados, son responsables del futuro de la democracia de México. El mayoriteo para la integración del Poder Judicial ha llevado a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, a mostrar una visión crítica y quienes han hecho un llamado a reconsiderar la reforma al PJ. Las encuestas utilizadas por López Obrador a lo largo de su mandato están plagadas de trampas y aprovechan el descontento popular, arrinconando a sus opositores a quienes etiqueta como “la mafia del poder” que se reparte dinero.
Los ciudadanos ya han votado. Por lo tanto, no es justo trasladarles la responsabilidad de asegurar la integración del Poder Judicial, ya que esto pretende diluir la responsabilidad del próximo gobierno.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC