Como balde de agua fría cayó sobre el presidente López Obrador la suspensión al Plan B por parte del ministro Javier Laynez Potisek. Los promotores, corifeos y secuaces del régimen obradorista pusieron manos a la obra, de forma inmediata, para atacar al ministro y a la Corte. Incluso llegaron al extremo de sugerir que se le arrancaron hojas a la Constitución.
Los intentos gubernamentales por apropiarse de la función electoral comenzaron con la presentación de la reforma constitucional en la materia. La reforma trastocaba de fondo los órganos electorales, el sistema de representación en ambas Cámaras y centralizaba la función electoral. El escandaloso Plan recibió un rechazo unánime de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y detonó la histórica marcha masiva del 13 de noviembre.
La incontenible marea rosa que inundó calles y plazas en la capital y en múltiples ciudades del país, desde Baja California hasta Yucatán, mostró la fuerza de una ciudadanía despierta y atenta, harta de engaños, mentiras e intentos de destrucción de las instituciones democráticas.
La ominosa respuesta gubernamental mostró el talante vengativo del presidente, con una marcha multitudinaria que hizo uso de todos los recursos estatales para mostrar fuerza y músculo: acarreo, coacción, amenaza y el despliegue de un inmenso ejército anónimo de personas vociferantes, quienes en su mayoría no sabían qué o a quién defendían.
Pero el presidente no se conformó con rodearse de aduladores el 27 de noviembre. De forma inmediata ordenó la maquinación de un perverso Plan B, con el objetivo visible de destruir al máximo árbitro electoral y controlar las elecciones. La suspensión del Plan B llevó al anuncio de un Plan C. Como en el beisbol, el presidente acusó los dos primeros strikes y echó toda la leña al fuego para anunciar lo que a todas luces es inminente: una elección de Estado, una última oportunidad para apropiarse de la Nación y sus recursos, incluso en extra-innings.
Ya hemos sido testigos de la forma como el gobierno interviene de forma abrupta e indiscreta en los procesos electorales y de cómo fomenta y tolera actos anticipados de campaña. Viejos métodos de fraude, sepultados después de un par de décadas de transición democrática, surgen de nuevo ante nosotros: coacción sobre servidores públicos, amenaza de cancelación de programas sociales, compra de votos y voluntades, empadronamiento masivo y repentino, acarreo de electores y un sinfín de trampas que vimos en la fallida revocación de mandato y en las últimas elecciones locales.
El fantasma del fraude orquestado desde el Estado vuelve a aparecer, como no lo había hecho en décadas. El anunciado Plan C no es otra cosa que el “voto masivo por Morena” para que continúe la mal llamada transformación. La autoritaria maquinaria gubernamental, convertida en aparato de impunidad y propaganda, apuesta la vida por la continuidad. Saben que la historia ya los ha juzgado, que la sociedad civil organizada los repudia, y en su miedo ilimitado, tienen la convicción de que ésta puede ser su última oportunidad para hacer lo que han demostrado de forma insuperable: saquear los recursos de la nación, garantizar impunidad ilimitada para quienes se enriquecen de forma desmedida, apropiarse de lo público con fines privados y convertir a la administración pública en un instrumento al servicio de la verdadera mafia en el poder.
La inminente e inmediata puesta en marcha del anunciado Plan C y el riesgo de una elección de Estado y un conflicto político, que podría llevar a una escalada de violencia inusitada, es una importante llamada de atención, tanto a los partidos como a la sociedad civil organizada. Tal vez estemos ante la última elección en la que funcionen reglas democráticas bajo un aparato estatal autoritario.
Las oposiciones deberán mostrar a la vez sensibilidad y prudencia para proponer un futuro viable para las y los mexicanos, quienes viven constantemente entre la ira y el miedo; así como para postular candidatas y candidatos que devuelvan la probidad, la rectitud, el decoro y la decencia a la vida pública. La sociedad civil se verá retada en su capacidad para organizarse e impedir que, quienes hoy la odian, puedan mañana perpetuarse en el poder, para seguir destruyendo lo poco que todavía nos queda, incluyendo al ya muy deteriorado tejido social.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC