México y los Estados Unidos de América enfrentan el reto común de consolidar una migración segura, ordenada y regular. Las motivaciones que impulsan a las personas a migrar son hoy muy diversas: no sólo se abandona el país de origen para buscar oportunidades, causas como la inestabilidad política y la violencia que se viven en países como Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, y crisis humanitarias como la de Haití impulsan hoy crecientes e importantes flujos migratorios.
El mes de julio el presidente López Obrador se comprometió, ante el presidente Joe Biden, a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura fronteriza. En octubre, el gobierno de Estados Unidos aceptó aumentar los mecanismos de movilidad laboral, y a la par, México se comprometió a fortalecer las políticas y programas para hacer valer los derechos de las personas migrantes. Los acuerdos logrados en octubre entre ambos gobiernos incluyen la expedición de 65 mil visas para trabajadores temporales no agrícolas, de las que 20 mil serán para personas de Centroamérica y Haití; así mismo las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el acceso de 24 mil personas migrantes venezolanas.
La consolidación de una migración ordenada requiere más que voluntad política por parte de México y de los Estados Unidos de América, son indispensables esfuerzos institucionales inéditos a ambos lados de la frontera, así como fuertes inversiones para mejorar la infraestructura fronteriza. Es de vital importancia que México dé un giro a la forma como ha enfrentado los flujos migratorios desde la administración Trump: la Guardia Nacional no es la institución adecuada para contener flujos y crear un muro fronterizo; la violencia excesiva y la detención de personas conllevan frecuentes violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta ahora silenciosa, debe asumir sus funciones propias ante las denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Es urgente que el Instituto Nacional de Migración haga frente a la corrupción y a la colusión de sus autoridades con grupos delincuenciales. Además, se debe apoyar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con recursos crecientes, ante el reto que implica el aumento del número de personas que buscan asilo y refugio.
En los hechos México se ha convertido en un Tercer País Seguro, a pesar de que quienes cruzan por nuestro territorio viven bajo amenazas, extorsiones, violaciones y pillaje. La migración no sólo es un anhelo humano, también es hoy un derecho fundamental que debe garantizarse fortaleciendo las capacidades de los Estados.
Los acuerdos que nuestro país ha adoptado en materia migratoria deben asumirse con responsabilidad y determinación. No podremos consolidar una nueva política migratoria mientras que esperamos que sólo Estados Unidos haga su parte. México debe cumplir también con su parte y hacerlo ya, porque de la adecuada coordinación entre ambas naciones dependerá que podamos cumplir con los ideales del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
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