Con bombo y platillo se anunció la creación del gran proyecto gubernamental que terminaría con la escasez de medicamentos y representaría un paso indudable hacia un futuro promisorio. La llamada Megafarmacia del Bienestar se ha presentado como el gran logro que nos acercaría cada vez más a Dinamarca y a su sistema de salud.
Dos desastres iniciales marcaron la actual y fallida política de salud del Gobierno Federal: la cancelación del Seguro Popular y la creación de un sistema de compras consolidado, concentrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dotar de medicinas a todo el país. La extinción del Seguro Popular combinada con la política de austeridad republicana que canceló seguros de gastos médicos mayores ha representado, para cientos de miles de familias, pérdidas de vidas y patrimonios.
El esquema de compras consolidado no es un error en sí, fue implementado pésimamente: su realización centralizada se combinó con el hostigamiento y la denuncia presidencial contra laboratorios y farmacéuticas. El resultado de esta explosiva combinación no se dejó esperar: desabasto generalizado de medicamentos, con su consiguiente estela de dolor y muerte. Las víctimas más visibles, pero no las únicas, han sido las niñas y niños que padecen cáncer, cuyas madres y padres fueron acusados de desestabilizar al gobierno cuando, en su entendible desesperación, se manifestaron de forma abierta y pacífica.
En 2020 la pandemia llegó en el peor momento para México, con un sistema de vacunación destruido y con un gobierno autoritario e inhumano que utilizó la política de vacunación con fines políticos y clientelares. El manejo de la pandemia desnudó a la Cuarta Transformación: puso en evidencia la ineptitud del gobierno, su estulticia, su crueldad y cinismo y llevó, a final de cuentas, a la muerte de miles de médicos y enfermeras y a la de cientos de miles de mexicanas y mexicanos, todo en aras de un proyecto gubernamental que hoy sabemos que ha fracasado estrepitosamente.
Pero la crónica del desastre no se detiene ahí: el gobierno utilizó al Senado como rehén para extinguir, en 2020, 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social. Después, en 2023, el gobierno dejó sin efecto más de 30 Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas: vigilancia epidemiológica; prevención y control de diversas enfermedades; fomento, protección y apoyo a la lactancia materna; promoción y educación para la salud en materia alimentaria; prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; hipertensión arterial sistémica; prevención, tratamiento y control de las adicciones; cáncer de la próstata, de mama y cérvico uterino, osteoporosis y prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Los resultados de la destrucción del sistema de salud son ya evidentes y dolorosos: han resurgido el sarampión y el dengue; la esperanza de vida al nacer, un indicador clave de la eficacia de un sistema de salud pasó de 75 a 71 años; y el porcentaje de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 a 39.2 por ciento de 2018 a 2022, un paso mortal de 20.1 a 50.4 millones de personas sin servicios de salud.
Los sistemas de salud universales y de calidad son el eje sobre el cual se sustenta la prosperidad de las naciones, son un reducto indispensable frente a la enfermedad y el desamparo. A pesar de ello, la devastación de nuestro sistema de salud sigue hoy en día: el nuevo IMSS-Bienestar será incapaz de atender a la demanda agregada, embrollado hoy en brutales escándalos de corrupción y con una infraestructura hospitalaria con niveles de deterioro alarmantes, que se evidencia en las múltiples personas heridas o muertas por elevadores que se caen de forma repentina.
La creación de la Megafarmacia del Bienestar no es la solución a nuestros problemas, sino un problema más que se agrega a la crisis de salud. Los múltiples testimonios de personas que no encuentran los medicamentos que buscan, la descuidada atención y la inauguración de una gigantesca bodega semivacía, se nos ofrecen como los nuevos argumentos presidenciales para decir que todo va bien. Y mientras, cientos de miles de personas padecen dolor cotidiano por falta de medicamentos y miles más mueren por enfermedades curables, haciendo fila afuera de hospitales o esperando el día en que podrán ser atendidas.
La Megafarmacia es un experimento, otro más, en la larga serie de obras que se inauguran a medias y que nacieron de los delirios y las fiebres presidenciales. El experimento es cruel e inhumano, porque juega con la salud y con la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos.
La salud, ese derecho humano consagrado en la Constitución, se ha topado con un gobierno incapaz de garantizarlo y que, en el colmo de su crueldad y cinismo, ha utilizado al sistema como un área más de saqueo, pillaje y desvío de recursos públicos que, al ser pagados por todas y todos, deberían repercutir en una mejor calidad de vida y en la esperanza de un futuro saludable y sustentable.
La destrucción de nuestro sistema de salud, cuyo último clavo fue puesto por la Megafarmacia, es el acto más criminal, despótico e inhumano de este gobierno. Los cientos de miles de vidas perdidas y el dolor de tantas familias deberían conmovernos a todas y todos para que nunca más permitamos que algo así suceda. La devastación de la salud implica también la merma del bienestar y, por supuesto, de la vida misma.
Gina Andrea Cruz Blackledge.
