La llegada del nuevo gobierno ha supuesto un hito histórico de violaciones reiteradas a nuestra Constitución. Una vez ganada la elección, se dio un proceso inédito de sesión repentina del poder: López Obrador comenzó a actuar como presidente incluso antes de su toma de protesta ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018.
La consulta organizada en octubre de 2018, para legitimar la arbitraria cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, fue un abierto fraude a nuestra Constitución. La “consulta”, que se dio antes que López Obrador tomara protesta como presidente, no fue convocada por el Congreso de la Unión, no fue organizada por el INE, ni fue realizada en un día de jornada electoral, tampoco participó el umbral constitucional previsto y se sometió a consulta una materia restringida: los ingresos y egresos del Estado.
Grave en extremo fue la forma como se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el liderazgo de Carlos Urzúa, elaboró el Plan de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 constitucional. No obstante, el 27 de junio de 2019, al ejercer la Cámara de Diputados su facultad de aprobar el Plan, el documento que fue sometido al Pleno por la Mesa Directiva no fue el elaborado por Hacienda, sino un panfleto lleno de ideología, sin estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, que fue enviado por al habitante de Palacio. Al final, el 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un documento que carece de los elementos mínimos para orientar el desarrollo nacional y que es solo un triste pasquín político.
Quizá el artículo constitucional que más se ha violado, sin consecuencia alguna para los perpetradores de dichas violaciones, es el 134. El tercer párrafo del citado artículo manda que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen” se llevarán a cabo mediante licitaciones. El abuso del mecanismo de adjudicaciones directas, que implica que el gobierno decide a quién le adjudica los jugosos contratos, ha dejado un evidente tufo de corrupción y una larga estela de irregularidades que ha contaminado las grandes obras de infraestructura del presidente, todas con sobrecostos inadmisibles y escándalos de corrupción.
Sin duda, el precepto más violado, es el previsto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, el cual prohíbe expresamente que la propaganda gubernamental incluya “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Lo que vemos todos los días, en espectaculares, vallas, bardas, panfletos y folletos que son una apología del culto a la personalidad, una aberrante y permanente campaña electoral que involucra al presidente y a su primer cuadro. Pero estas violaciones no han tenido consecuencia alguna.
La protesta presidencial, prevista en el artículo 87 es un acto solemne que se lleva a cabo ante el Pleno del Congreso de la Unión. Dicha protesta conlleva “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. El enunciado final implica que si así no se hiciere que “la Nación me lo demande”. Hoy, en lugar de esta demanda o de consecuencia alguna por burlar la Constitución vemos más violaciones a nuestra Carta Magna.
Violatorias a la Constitución fueron las renuncias de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes nunca justificaron la causa grave prevista en el artículo 98 constitucional, para renunciar. En el Senado se dieron sendas discusiones sobre el incumplimiento de dicho precepto, pero la mayoría impuso su fuerza y a pesar de las irregularidades, se aceptó la irregular renuncia de los dos ministros. Un nuevo golpe a la Constitución se dio con las dos ternas que el presidente envío al Senado para ocupar la vacante de ministro: en ambas ternas no se probó, de forma fehaciente, que las candidaturas cumplieran con el requisito previsto en el artículo 95 de nombrar a personas “que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
De las 23 reformas constitucionales promulgadas en este sexenio hay algunas destacables por su contenido e implicaciones futuras, como la reforma en materia de paridad total; la reforma en materia de Guardia Nacional para darle a esta institución un carácter civil; la elevación de los programas sociales a rango constitucional; la reforma en materia para que hijas e hijos de padre o madre mexicanos nacidos en el extranjero también gocen de la nacionalidad; y la reforma que suspende derechos a personas deudoras alimentarias. Sin embargo, también se han dado reformas regresivas, como la que anuló la calidad como criterio del sistema educativo o la que amplió los supuestos de la prisión preventiva oficiosa.
De cara al aniversario de nuestra Constitución de 1917, heredera de la de 1857, tal vez estemos ante el último año en el que podamos celebrar un instrumento normativo de tan gran calado. La Cuarta Transformación plantea, como parte de su llamado segundo piso, la abrogación de la Constitución para elaborar una nueva, cuyo explosivo contenido es innegable. El llamado “Proyecto de Nación 2024-2030: por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases” prevé “Convocar a un nuevo Congreso Constituyente para garantizar el poder popular en la Carta Magna, así como revertir y reparar el daño de las reformas constitucionales neoliberales, antisociales y anti ecológicas de las últimas décadas”.
Esta nueva Constitución sería el instrumento privilegiado con el que Morena colectivizaría la propiedad, desaparecería el sistema de pesos y contrapesos democrático, acabaría con las elecciones periódicas, instauraría un gobierno unipersonal, concentrador del poder y permanente así mismo destruiría nuestro sistema federal. La conquista de la mayoría calificada, por parte de Morena, en el Congreso de la Unión para 2024, sería el equivalente a un cataclismo catastrófico o a un tsunami devastador que haría realidad las dos consignas que mueven a este gobierno: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”; “al diablo las instituciones”.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC