El 8 de marzo las mujeres de todo el país marchamos en defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Una vez más, como ha sido tradición en este gobierno, las puertas de Palacio se cerraron, se levantaron vallas prácticamente infranqueables y obstáculos insalvables que impidieron un diálogo franco y abierto.
La imagen de un Palacio atrincherado, rodeado de mujeres inconformes y de madres buscadoras es la fotografía puntual de un gobierno que ni nos ve, ni nos oye. Gradualmente, las mujeres hemos ido perdiendo lo que conquistamos con tanto esfuerzo, gracias a luchas incansables y a la definición de una agenda de políticas públicas con perspectiva de género. El gobierno ha destruido esta agenda, utilizándose para fines de propaganda y movilización: la cancelación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo fue un golpe brutal a mujeres que hoy tienen que pagar un alto costo por cumplir con sus funciones como madres y trabajadoras.
El dolor de las madres de familia cuyas hijas e hijos con cáncer, agonizan por falta de medicamentos es indescriptible, como lo es el de las madres de quienes han desaparecido a lo largo de este sexenio. Para ellas no ha habido consuelo ni palabras de aliento: no han sido recibidas y sus legítimas y justas demandas son brutalmente ignoradas. Al contrario, se les ha golpeado de forma reiterada cancelando normas oficiales relacionadas con la prevención, detección, diagnóstico y atención y enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer de próstata, de mama y cervicouterino. En el extremo, este gobierno está desapareciendo a las desaparecidas.
Las políticas públicas hacia las mujeres están hoy desdibujadas ante un Instituto Nacional de las Mujeres y ante una Comisión Nacional de los Derechos Humanos silenciosas de cara a las reiteradas violaciones a los derechos de las mujeres. Hoy las mujeres, en todo el país, vivimos con miedo constante. Miedo a que nuestras hijas e hijos salgan de casa y no regresen. Miedo a que alguien de nuestra familia se enferme y no haya medicamentos o citas urgentes. Miedo a que el anhelo de mejorar a partir de un sistema educativo de calidad ya no sea posible.
Los números del desastre son alarmantes: 7 mujeres desaparecen todos los días y 11 son asesinadas; al menos 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud y al menos 2 de cada 10 jóvenes no estudian ni trabajan. Ante esta situación de impotencia y desamparo la respuesta gubernamental ha sido crear programas clientelares esclavizantes, cuyo fin último no es mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino atarlas a dádivas que supuestamente les otorga, de forma graciosa, el gobierno.
La agenda feminista es utilizada como coartada para defender a un supuesto gobierno humanista, que en el fondo utiliza a las mujeres con fines de movilización en marchas y mítines a las que asisten, no por convicción ni de forma libre, sino bajo coacción, intimidación y amenaza. El Poder Legislativo, a pesar de su composición paritaria, ha sido omiso, por obra de la mayoría parlamentaria, de legislar de forma urgente a favor de las mujeres y de alzar la voz ante abusos y atropellos. Resulta por demás irónico que tengamos un Congreso de la Unión paritario gobernado por mujeres, en el contexto de un país profundamente desigual, en la que la discriminación es una práctica constante y en el que la igualdad de oportunidades y de acceso a cargos y bienes públicos es solo un sueño para millones de mujeres en todo el país.
A pesar de que se ha tipificado la violencia política de género, ésta persiste como práctica incluso en estas fechas en las que las campañas políticas ya han iniciado. Esta violencia se combina, en un círculo vicioso brutal, con la impunidad y las fallas de nuestro sistema de justicia. Las mujeres víctimas de violencia siguen siendo revictimizadas y los casos extremos de violencia son utilizados por un gobierno que se dice humanista, con nocivos y crueles fines de propaganda.
La marcha del 8 de marzo es una abierta llamada de atención a todas las autoridades: no podemos permitir que la violencia, la ineptitud o la ideología gubernamentales sigan arrebatando la vida a nuestras mujeres o negando los espacios para su pleno desarrollo. La actual administración, si fuera auténticamente humanista, debería darle prioridad a las políticas públicas en salud, educación y cuidados que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en el país.
Durante las marchas, específicamente en Zacatecas, las mujeres manifestantes fueron víctimas de violencia física y psicológica desproporcionadas, por parte de la policía local, incluyendo golpes, gas lacrimógeno y desnudez forzada en plena marcha M8. Estas acciones violentas ocurrieron mientras las mujeres exigían un estado libre de violencia, lo cual subraya la ironía y la brutalidad de la respuesta oficial a sus demandas legítimas. Fue la violencia institucionalizada y la falta de respeto a los derechos humanos en algunos contextos sociales y políticos, lo que privó en Zacatecas.
Jóvenes mujeres, e incluso menores de edad, fueron detenidas y sufrieron estos agravios. A pesar de demandar un Estado libre de violencia, la respuesta de las autoridades zacatecanas fue la violencia en todas sus expresiones, marcando así el 8M en México y en Zacatecas.
Ante los actos de represión ocurridos en Zacatecas durante la marcha del 8M, la senadora por el PT, Geovanna Bañuelos, exigió la destitución del secretario de Seguridad Pública y del secretario general de Gobierno del Estado. Sin embargo, en el Pleno del Senado, las senadoras de Morena defendieron las administraciones de Zacatecas y federal, dando la espalda a esta petición.
Debemos decirlo claramente, México no podrá prosperar y ser una gran nación mientras la mitad de su población padezca situaciones de violencia, marginación, discriminación y exclusión.
Ahí donde se encuentre una mujer, aunque sea en las comunidades más distantes, debe estar presente el abrazo protector del Estado, para garantizar que, a pesar del origen, creencia, ideología o preferencia pueda desarrollar a plenitud su proyecto de vida. La concreción de este ideal fortalecería de forma definitiva el tejido social y saldará la deuda pendiente que el Estado mexicano tiene con todas nosotras.
Senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC
